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El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es inevitable y la gran mayoría, creo yo, así lo hemos interiorizado.
A fin de cuentas, según el mismo FMI, se trata, en teoría, de garantizar la sostenibilidad fiscal, fomentar la estabilidad monetaria y financiera y proteger a los sectores pobres y más vulnerables.
El escenario financiero tiene que servirnos para llegar a un análisis más profundo: nos regimos por un ordenamiento jurídico teñido de cierta inseguridad jurídica.
La seguridad jurídica constituye un principio general del derecho, que también puede conceptualizarse como la garantía a todo individuo de la certeza de que su situación jurídica no será modificada, excepto por procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, representa el aval de la aplicación objetiva de la ley.
Por tanto, los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones. Lo anterior, así textualmente mencionado por la Sala Constitucional.
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Inversionistas. El derecho internacional de inversiones, parámetros y estándares de protección entran en juego para decidir si un Estado receptor de una inversión es sólido.
El trato justo y equitativo se toma en cuenta al diagnosticar si han sido violados los derechos de un inversionista. Arbitrajes internacionales de inversión son el efecto natural de la causa. Pero este sería un escenario extremo, por lo que demos un paso atrás.
Con una reforma fiscal todavía fresca y en etapa de adaptación nos llegarán, con el inevitable convenio con el FMI, nuevas reformas legales.
Si todavía no estábamos acostumbrados a los cambios introducidos por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el acuerdo con el Fondo agitará otra vez las aguas tributarias y entraremos en otra etapa de aprendizaje, en la cual las futuras normas, confusas, producto de la mala técnica legislativa y poca expertise, también podrían interpretarse de manera ambigua. Así hemos funcionado.
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El proyecto de ley de renta global dual sirve para ilustrarlo. Se puso sobre la mesa una reforma del impuesto sobre las ganancias de capital y se discutió la introducción, de forma camuflada, del sistema de renta mundial en la propuesta inicial.
Otros ejemplos: la modificación del impuesto sobre el valor de las casas de lujo y tendremos que vivir con otra enmienda del impuesto sobre la renta al salario.
Lo anterior no significa que las iniciativas mencionadas sean totalmente perjudiciales o totalmente beneficiosas. Debe comprenderse el mensaje de fondo: lo volátil, dinámico y ambiguo que se ha vuelto nuestro ordenamiento jurídico.
La falta de certeza de cómo funcionará y la poca posibilidad de previsión de nuestras normas y su aplicación conducen, quizás no a la ausencia de seguridad jurídica, pero sí definitivamente al aumento de la incertidumbre jurídica. La imagen internacional desde un punto de vista de inversión podría salir golpeada.
Mucho también se ha hablado acerca del régimen de zonas francas, si tocarlo con bisturí, si hacer que las empresas paguen impuestos —o más impuestos—, dependiendo de la categoría y los años operando en el país.
Tesis en pro y en contra van y vienen, pero siempre teniendo una premisa casi unánime: el régimen ha impactado favorablemente en la economía nacional desde diversas aristas.
Realidad preocupante. ¿Cuál es el mensaje que se le da a la inversión extranjera? Sí, el acuerdo con el FMI nos posicionará mejor frente a los mercados e indicadores internacionales. Pero no olvidemos la otra cara de la moneda: la negociación con el FMI es el resultado de una realidad preocupante, negativa, que traerá como efecto más reformas legales (ambiguas) y nuevas fases de adaptación (ambiguas) para todos. Repito, así hemos funcionado.
El mensaje está claro: el acuerdo con el FMI es relevante, no porque se desea, sino porque se necesita, pero con precaución. Tener precaución en cómo creamos y cómo reformamos normas, porque precisamente la falta de precaución es lo que nos tiene en este embrollo.
La seguridad jurídica es clave para la atracción de inversiones. Nos jactamos de ella, pero el mensaje que hemos dado en los últimos años es uno bastante contradictorio.
El autor es abogado.
