Ahora, gracias a otras decisiones de la actual administración, se ha comprobado que, más allá de un enfrentamiento con los anteriores funcionarios un asunto, al fin de cuentas, accesorio, lo que está en juego es la forma misma de gobernar, el respeto al estado de derecho y la coherencia doctrinaria. ¿Ha procedido el gobierno actual, en estas circunstancias, por espíritu de persecución, como han alegado algunas personas afectadas, o fundado en razones jurídicas o morales? En cuanto a la administración anterior, ¿obedecía su apresuramiento in extremis a motivos justificados, a favorecimiento personal, o bien actuó a la ligera, en cuanto al deber de evaluar y de vigilar, lo que ha obligado al actual gobierno a investigar algunas situaciones tildadas de anómalas o a eliminar algunos proyectos? Los casos presentados ante la opinión pública son suficientes para suscitar preocupación tanto por la forma de proceder el gobierno anterior como por el temor de que el actual, acosado por las denuncias y llevado del deseo de satisfacer un justo anhelo popular, no logre establecer un procedimiento que, sin apartarse de su contenido y finalidad, deje a salvo los derechos de las personas implicadas.
Bueno es recordar los casos más aireados en estos cuatro meses: aumento del 30 por ciento de los salarios de los funcionarios de la Casa Presidencial, tres semanas antes del 8 de mayo pasado; cuestionamiento de un incremento del 90 por ciento de los sueldos de los salarios de los jerarcas del ICE, aprobado el 16 de abril anterior; despido, el 16 de abril, de los presidentes ejecutivos de las entidades autónomas, seguido del pago de cesantía y preaviso; directriz del exministro de Trabajo, Bernardo Benavides, pocos días antes de dejar su cargo, sobre el pago de pensiones, lo que favoreció a tres exdiputados y a la viceministra de Salud en el cuatrienio anterior; impugnación del sobresueldo para los procuradores, pese a estar basado en una ley de la República. La lista se alargaría con otras decisiones como la compra de lotes con servicios, el cierre del Triángulo de la Solidaridad, plan social estrella del gobierno anterior; despido del presidente ejecutivo de Incoop, derogatoria del decreto sobre zonas protegidas para planes de vivienda y otras decisiones.
La mayoría de las medidas encaminadas a poner orden han sido acogidas con beneplácito, manifestación de un estado de cosas en que, por mucho tiempo, imperaron, ante diversas situaciones irregulares, la omisión y la impunidad. No obstante, debe hacerse hincapié en dos aspectos importantes. En cuanto al gobierno actual, la necesidad de que se proceda conforme a estrictos parámetros de legalidad, respeto y coherencia, compatibles con la determinación que estos asuntos imponen. En lo tocante al gobierno anterior, la lección es clara: si en lo fiscal el ciclo político ha sido nefasto, también lo es, en el ejercicio del poder, la ausencia de controles, de evaluación y rendición de cuentas, y, en sus postrimerías, la alegre promulgación de decretos para favorecer a determinados grupos o personas y la falta de coordinación con el sucesor en cuanto a decisiones que significan un gravamen fiscal o legal. En fin, un poco más de responsabilidad y madurez.
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