Lo que aturde en el nuevo escándalo que conoce el país, el del fideicomiso en que invirtió la Caja 1.400 millones de colones, dinero que ahora está el limbo, sino ya en el infierno, es la pasmosidad con que alguna gente toma decisiones en nuestras instituciones sin que nadie se entere.
La esencia del campo pagado por la propia Caja sobre este tema el domingo 2 de mayo sobrecoge a cualquiera: "La decisión de las colocaciones no fue consultada, ni comunicada, ni mucho menos autorizada, por la Junta Directiva o la Presidencia Ejecutiva".
Entonces: ¿en dónde queda la debida supervisión que ante decisiones y actuaciones de estas debe existir, por mera lógica, en cualquier institución pública o empresa privada?.
¿Cómo es eso de que de la noche a la mañana a alguien se le ocurre, como si se tratara de una piñata con los fondos públicos, negociar de a callado nada menos que 1.400 millones de colones, y , quienes debían conocer, controlar o frenar aquello no son enterados?
En este caso, sobre el que, por cierto, el gobierno calla como un sepulcro, se trató nada menos de inversiones con reservas del régimen de pensiones. Inversiones transadas desde una institución que tan solo el año pasado había sido expuesta a otro escándalo mayúsculo con fondos sociales.
¿Por qué ahora que revienta el escándalo se habla y se adoptan medidas preventivas?
La Caja le debe una explicación más amplia al país.
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