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Desde lo más alto del Gobierno, es evidente que hay una directriz a varias instituciones para silenciar a los funcionarios públicos, para callar lo “malo” y publicitar lo “bueno”.
El cambio en el estilo ha sido radical, conforme el tiempo pasa, y más cuando ya no se puede echar la culpa de todos los males al gobierno de Abel Pacheco.
Ahora, cuando esta Administración lleva más de la mitad de su camino andado y, por tanto, debe asumir la responsabilidad de sus actuaciones, aparecen las “directrices”.
Indigna, eso sí, que tales “directrices” provengan de funcionarios que hasta hace unos meses, “en aras de la transparencia”, desnudaron los errores y omisiones del Gobierno pasado.
Estas “directrices” vienen maquilladas como una estrategia para lograr “claridad y coherencia” en la información de las entidades estatales. Pero, en la práctica, son una mordaza porque limitan a cualquier funcionario a aportar información.
Por ejemplo, en el AyA, el presidente ejecutivo, Ricardo Sancho, ordenó que, “para poder realizar declaración alguna ante los medios, se debe coordinar con esta presidencia ejecutiva, que analizará el contenido del material y designará a los funcionarios correspondientes para brindar declaraciones”.
¡Qué iluso! ¿Se imagina usted a un empleado del AyA yendo a pedir a permiso a don Ricardo para poder denunciar ante la prensa un acto de corrupción, un robo, el atraso en un proyecto de inversión o el derroche de dinero en viajes o recepciones?
Nadie, sólo en un acto de locura, se atreverá a hacerlo, máxime que la orden es de “acatamiento obligatorio”.
El presidente ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quirós, también emitió una orden similar el 4 de agosto, tres días después de que La Nación tituló en portada: “ICE pierde ¢1.300 millones por incumplir contrato”.
¿Quién en el ICE se atreverá a dar datos de más pérdidas si luego, subjetivamente, se le achaca haber aportado a la prensa “información estratégica”?
Realmente, estas directrices son una estrategia para silenciar y, por ello, atentan contra derechos fundamentales.
Entre ellos, la libertad de expresión y la libertad de información. En primera instancia, se requiere que sean los sindicatos (en representación de los trabajadores afectados) los que den la cara para luchar, ante la Sala IV y otras instancias, por la transparencia. ¿Se atreverán?
