EscucharEl año pasado se publicó un libro que nos llama a reflexión. Se trata del Manual del perfecto idiota latinoamericano, de Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos A. Montaner y Alvaro Vargas Llosa. En él, sus autores apuntan algunas ideas que escuchamos en estos días a propósito de la necesaria reducción de nuestra deuda interna, como la búsqueda de un mercado nacional fuerte con ahorro e inversión doméstica y la diversificación de la economía; y hacen críticas válidas al gobierno que dedica sus dineros a todo --pagar clientelas políticas, inflar las cuentas de la corrupción, financiar inflación-- menos a los pobres.
Nos dicen también que "el mercado es la única justicia económica posible"; que los males del Estado son estructurales y que, entonces, no se remedian poniendo aquí y allá funcionarios honestos y eficientes, o sea, que el Estado --no importa como esté integrado-- es el generador de todos los males y que "en vez de corregir desigualdades, el Estado las intensifica ciegamente".
Asimismo, sostienen que el problema se origina en creer que la injusta relación entre los que todo lo tienen y los que no tienen se resuelve con un Estado benefactor que dicte leyes redistributivas y aumente por medio de nacionalizaciones y controles de todo tipo, las atribuciones y límites del sector público, lo que no ha generado sino monopolios, privilegios, corrupción, trabas de todo orden, burocracia, empresas de servicio público ineficientes y costosas, inflación, empobrecimiento y extorsión de inermes usuarios por cuenta de altísimas tarifas e impuestos.
Nos proponen como alternativa un país próspero con un desarrollo de sus mercados basado en el esfuerzo sostenido, el ahorro, la apropiación de tecnologías avanzadas con una política competitiva de libre empresa, de eliminación de monopolios públicos y privados, de apertura hacia mercados internacionales, de atracción de la inversión extranjera y, sobre todo, de respeto a la ley y a la libertad. Esta opción la llaman "el capitalismo democrático", y con ella se pasa de un Estado "irresponsable y botarate" a uno al servicio de la productividad y el mercado, donde se recurre a la privatización como una herramienta para ampliar la cobertura, la calidad y la eficiencia de una política social.
Comencé diciendo que el libro nos llama a reflexión, pues la propuesta del gobierno para sanear la deuda interna se cree la historia --que defiende el libro-- de que el Estado es el generador de los males y que hay que privatizar, y que hay que destruir los monopolios públicos y tras la Banca, FERTICA y CEMPASA seguir con RACSA, y quizás luego con FANAL, el INS, etc., y que el concepto de soberanía cambió y que entonces es mejor vender las playas, y se confunde la libertad con libertinaje y... Sin embargo, pese a seguir "la receta", el gobierno no le pone el cascabel al gato en tres aspectos fundamentales:
1. Las prebendas gremiales --los sindicatos-- son el gran mal de la democracia costarricense y causa esencial de nuestra crisis económica y de valores en las instituciones. Al Día nos denunció (17-1-96, p.4) los privilegios de los empleados de Recope, gracias a las convenciones colectivas, que hacen que bonifiquen a los trabajadores que no faltan a su trabajo (!), les den días libres con goce de salario para pasarse de casa, y otras "gollerías". Y en el resto de las instituciones estatales sucede lo mismo: donde hay un sindicato, las granjerías se convierten en el fin, y el --mal llamado-- "servicio público" se convierte entonces en el medio para esperar ese fin que coincide siempre con el fin de mes.
2. La casi inamovilidad de los empleados, que hace que una vez que alcancen "la propiedad" se anquilosen, se vuelvan ineficientes y burocráticos, con las naturales excepciones de siempre.
3. La Constitución Política de nuestro país señala que "el Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza." Es decir, el gobierno no puede dejar al mercado repartir la riqueza, sino que --en concordancia con la Constitución-- debe controlar y regular para producir y distribuir.
No podemos declarar la primacía del negocio y del mercado sobre todo valor. El Estado debe asumir más tareas que las de velar por el orden público, no puede descuidar la inversión social --educación y salud-- que deben ser prioritarias en nuestro modelo de desarrollo, porque de la calidad de nuestro recurso humano dependen nuestras oportunidades para desarrollarnos como país en la globalización.
Si bien, buena parte del diagnóstico sobre los males del Estado que se apuntan en el Manual del perfecto idiota latinoamericano son aplicables a nuestro país, la solución no lo es. La administración privada no es intrínsecamente buena ni escapa al error humano ni a la injusticia: la privatización no garantiza la eficiencia, la calidad, el acceso ni la oportunidad. Por eso --igual que no todo debe estatizarse-- no todo puede privatizarse y menos aún dejarse en las exclusivas manos del mercado.
A diferencia de los autores del libro de marras, creo que el problema del Estado es de integración, de que quienes accesaron al poder confundieron los fines y los medios, y que el Estado se convirtió en la caja chica para algunos, que --al amparo de la impunidad-- se han llenado de privilegios, pero que no por ello debemos perder la fe y la esperanza y menos aún renunciar a los fines de bienestar, de justicia y de solidaridad que deben ser orientadores en el modelo de desarrollo que impulse un gobierno para una sociedad democrática como la que los costarricenses deseamos. El mercado no garantiza, nunca, igualdad de oportunidades.
La lectura del Manual del perfecto idiota latinoamericano nos obliga a definirnos sin gama de grises: creemos en el Estado o en el mercado. Quienes creemos en el Estado y en las funciones que le asigna nuestra Constitución Política, debemos instar al gobierno a actuar anteponiendo siempre los intereses nacionales, y con ello, a negociar sin clientelismo político las convenciones colectivas, a buscar sistemas de contratación que permitan destituir sin problemas al funcionario ineficiente o corrupto, y además, hemos de rogar a los integrantes de la Comisión de Alto Nivel nombrada por el Poder Ejecutivo para dar seguimiento al plan de reducción de la deuda interna, que garanticen la necesaria transparencia del proceso de reforma. De este proceso depende que el Estado recobre su rumbo y se reoriente en la búsqueda de su fin: un desarrollo humano sostenible, solidario y facilitador de oportunidades para todos.
