Vean como se maneja el arreglo de carreteras en Costa Rica.
Primer caso: La reparación del tramo Tárcoles-Jacó-Parrita, que costará $20 millones -financiados en partes iguales por el Banco Mundial y el Gobierno-, ya está asignada a un consorcio de tres empresas.
Sin embargo, el mismo ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Silva, reconoció ante varios empresarios que algunas de ellas "nos han hecho chambonadas" en el pasado, pero ahora proponen "enmendar" sus errores. Y, como no tiene la certeza de que el proyecto resulte exitoso, afirmó: "Estamos con los dedos cruzados de que lo hagan bien."
Segundo caso: La concesión de la Bernardo Soto. Es un tramo de 40 kilómetros entre el aeropuerto Juan Santamaría y San Ramón, cuyo costo asciende a $16 millones. Esta fue dada a un consorcio de tres constructoras, una de las cuales abandonó hace poco, de buenas a primeras, otro consorcio que repara la vía San Ramón-Barranca. Es decir, no cumplió con su parte.
Tercer caso: El MOPT tiene más de 100 proyectos de inversión, pero solo cuenta con nueve ingenieros para supervisar su calidad. Todo por culpa de la movilidad laboral. Sin embargo, la Contraloría cuenta con un grupo mayor de inspectores, pero luego de la entrega, cuando las correcciones son poco efectivas.
¿Por qué estas barbaridades cuando están de por medio tantos millones? El sistema está así de anquilosado por falta de una política clara, por leyes que en lugar de controlar y sancionar, entraban y promueven la impunidad o por funcionarios que se han adaptado tan bien a esta estructura, que terminan viendo este caos como cosa normal.
Tanto así que el Ministro contaba que el llamado "Plan cero huecos", iniciado en noviembre y que pretende la reparación de 1.300 kilómetros de carreteras, se iniciará hasta en marzo por trabas burocráticas. Entonces, enero y febrero, dos meses de mucho sol, y excelentes para reparar, se perdieron.
Así, cualquier esperanza de contar con una mejor red vial, se esfuma por los mismos huecos