Hubo, ayer, una gran ganadora con la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya: la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ese tribunal, al ordenar a las partes abstenerse de enviar o mantener soldados o policías a la isla Calero, respalda claramente lo dispuesto por el Consejo Permanente –el 12 de noviembre– y ratificado por la Reunión de Consulta, hace tres meses.
En ambos casos, y por contundentes mayorías, los países miembros del organismo hemisférico apoyaron los proyectos de resolución planteados por Costa Rica para demandar la salida de los militares y civiles nicaraguenses que ingresaron en octubre a esa porción de territorio nacional.
En los dos momentos, Nicaragua puso oídos sordos y descalificó a la OEA como foro para discutir el asunto, y le negó a toda autoridad para interceder en la disputa, que el régimen de Ortega creó artificialmente.
Pues, bueno, ahora Managua no podrá pasar por alto el mandato de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de carácter obligatorio e inapelable.
Gústeles o no a Ortega y su entorno, tendrán que acatar lo que se empeñaron en rechazar.
El desdén hacia la OEA es parte de una estrategia de Nicaragua y Venezuela por desacreditarla, para presentarla como una organización inútil y anacrónica, y, por tanto, carente de toda autoridad.
Ortega, en pos de reelegirse, no quiere presencia de observadores en las elecciones de noviembre y él sabe que la OEA, regularmente, ejerce esta labor fiscalizadora. Es obvio que no la quiere allí para nada.
Chávez, por su parte, viene sintiéndose cada vez más incómodo con el Sistema Interamericano, sobre todo con las observaciones en materia de derechos humanos.
La semana anterior, el representante venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Germán Saltrón, advirtió que su país se reserva el derecho a acatar o desconocer un eventual fallo adverso en relación con el caso de la inhabilitación política de un dirigente opositor.
Caracas, que aceptó la jurisdicción de la Corte, se arroga ahora el derecho de discreción.
El eje Caracas-Managua siente demasiada alergia cuando se trata de responder a obligaciones regionales. Qué mejor, pues, que invocar la soberanía o la construcción de un sistema multinacional alternativo.