EscucharHace varios días un grupo de siete personas que, poco o mucho, algo entendemos de la Hacienda Pública y que hemos estado opinando sobre el proyecto de pacto fiscal, decidimos reunirnos para analizar en forma conjunta lo “bueno, lo malo y lo feo” de la propuesta.
Mi interpretación de las conclusiones a las que hemos llegado las resumo de la siguiente manera:
El proyecto legislativo no resuelve de manera definitiva el problema fiscal, ni en cuanto a la carga tributaria ni en lo referente a la equidad, pero sí representa una contribución en la dirección correcta,
Los cuestionamientos del gasto (destinos, montos, calidad e inflexibilidad) y de la deuda no se enfrentan con suficiente claridad, energía e integralidad, pero las iniciativas incluidas resultan útiles para instituciones específicas y procuran recuperar la dimensión planificadora del Estado,
El fortalecimiento de la administración hacendaria no es suficiente para evitar la evasión y el fraude, pero la creación de la Dirección Nacional de Tributos y las reformas a las normas y procedimientos si ayudarán a mejorar la recaudación,
Los cambios en el sistema tributario, que incluye la transformación del impuesto de ventas en impuesto al valor agregado y la modificación del gravamen sobre la renta de un esquema territorial y cedular a otro mundial y global constituye, sin duda, un aporte significativo de la reforma.
El escenario político nacional no permite, lamentablemente y a pesar de las grandes expectativas generadas con la creación de la Comisión Mixta Fiscal a mediados del 2002, avanzar más para lograr una solución integral y sostenible al “problema fiscal”. Los intereses creados, tanto económicos como políticos, lo impiden.
Cambios paulatinos y graduales. Ante esta situación se pueden asumir al menos tres posiciones: una, que califico como “utópica”, es la que nos dice que “si no se puede arreglar todo, mejor no arreglar nada”. Los que sostienen esta visión no toman en cuenta que en el mundo real solo las revoluciones “arreglan” o “desarreglan” las cosas de una sola vez. Por lo general la dinámica democrática nos conduce por senderos de cambios paulatinos y graduales, mutaciones “evolutivas” que pueden ser mayores o menores dependiendo de las condiciones prevalecientes.
La segunda posición la considero “demagógica”. Conociendo que los impuestos son impopulares y que oponerse a ellos puede tener rédito político, se argumenta que, antes de elevar los gravámenes, hay que resolver los problemas del cobro de los tributos y mejorar lo relativo al gasto. Carlos Sojo, en un reciente artículo en estas mismas páginas, muestra con toda claridad que ni la mayor recaudación ni los recortes del gasto son suficientes para resolver los desequilibrios fiscales, al menos para sustentar el estado social de derecho que muchos defendemos. Además, la dimensión tributaria, en sí misma, requiere ser modificada para lograr mayor progresividad y justicia impositiva.
La tercera posición que denomino “responsable”, y la cual he asumido aun admitiendo las debilidades y carencias de la reforma planteada, es la de tratar de mejorar el proyecto, tal y como lo hemos venido sugiriendo en forma individual y colectiva, y evitar que intereses poderosos desnaturalicen la propuesta. En las actuales circunstancias es preferible dar unos pocos pasos adelante antes que mantener el statu quo o esperarnos a la “solución total”. No obstante, reconozco la necesidad que tenemos de enfrentar esas otras deficiencias fiscales al más breve plazo.
Por el país y la sociedad. De estas tres posiciones la más fácil es la demagógica. Siempre es posible cuestionar el destino y el monto de los gastos, especialmente si se cree que el Estado es nocivo y que la acción pública limita la libertad. También es sencillo encontrar ejemplos de mal uso de los recursos públicos y generalizar esos casos. Y, desde luego, debe ser seductor y gratificante oponerse a los impuestos; a nadie le gusta que el Gobierno le quite su dinero para gastarlo, en forma solidaria, en cosas que a lo mejor no lo benefician directamente, pero que son positivas para el país o ayudan a los grupos más débiles de la sociedad.
Lo que resulta difícil en esta materia, sin duda alguna, es asumir actitudes serias y formular planteamientos viables que permitan consolidar las finanzas del Estado para que pueda alcanzar adecuadamente sus metas de desarrollo con equidad.
