Una de las características de la interminable hilera de actos de corrupción sufridos en estas décadas es la proclividad o predisposición al chorizo de un nutrido conjunto de responsables de administrar los recursos públicos.
No se trata de casos esporádicos o de aves de paso, sino de una tendencia suficientemente reveladora, a lo largo del tiempo, para que nos pongamos en guardia y advirtamos que nos encontramos en estado de emergencia y con alerta roja.
Esta proclividad o facilidad con que no pocos compatriotas caen en la tentación se puede resumir en cuatro sentencias: si puedo, la hago; lo malo no es hacerlo, sino que a uno lo descubran. Y si a uno lo descubren, hay que enredarlo todo. Y si el enredo continúa, la mejor defensa es el ataque y los mejores abogados, por acción o por omisión, son aquellos a quienes, previamente, se les hizo algún favor. Este breve código explica muchas actitudes. Una factura bien guardada puede ser una póliza oportuna. Un amigo colocado previamente en posición estratégica es un tesoro. Un alabardero, necesitado de trabajo, realiza cualquier oficio. Un individuo con el agua al cuello es capaz de cualquier locura.
Mas, el desdén por los recursos públicos se manifiesta no solo en su administración, en el sector público, sino en el pago de las deudas o de las obligaciones sociales. ¿No es, acaso, un baldón para el sector privado que, tal como lo reveló ayer el periódico Al Día, el 85 por ciento de los patronos están en mora con FODESAF por la bicoca de ¢10.456 millones? ¿Cómo señalar con la mano al Estado, si la mano acusadora ha perdido su vigor?
Esta enfermedad nacional, en lo financiero y en lo político, se llama conchudismo. Un mal difícil de curar.