La institucionalidad nacional, incluida la electoral, no puede permanecer indiferente ante síntomas inequívocos de deterioro de la fe y el compromiso democráticos de los costarricenses.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió ese síntoma en la ruptura de los paradigmas tradicionales de participación electoral que, desde 1998, vive el país. Ante ello, reaccionó emprendiendo un proceso serio y complejo de elaboración de una propuesta de nuevo Código Electoral, convencido de que el perfeccio- namiento de nuestro régimen electoral representaba un paso valioso para enfrentar los retos del fortalecimiento de la democracia.
En los primeros días del 2001, se presentaron al país los resultados de ese proceso, que se concretó en un proyecto de ley que la Presidencia de la República de entonces acogió para introducirlo a la corriente legislativa.
Desde entonces, pasaron cinco años sin que los líderes políticos y parlamentarios demostraran interés genuino en aprobar los cambios sugeridos. En el mejor de los casos, no los entendían como prioritarios; en otros demostraron incluso, con sus acciones y omisiones, oposición a modificar reglas con las cuales parecían sentirse muy cómodos.
Cambios impostergables. La Asamblea Legislativa, con su actual integración, ha mostrado un sensible cambio de actitud. Se evidencia en sus miembros un convencimiento sobre lo impostergable de los cambios. Con ello, la discusión se sitúa ciertamente en un nivel distinto: el de la mayor o menor profundidad y trascendencia que deben tener.
Con todo y lo valioso que representa ese nuevo talante legislativo, el TSE debe advertir dos riesgos inherentes. Primero, que la complejidad de la agenda legislativa actual postergue la discusión de la reforma electoral para un momento en que haya perdido oxígeno político, por la proximidad de los procesos electorales del 2010. Segundo, que a las propuestas en discusión se les pode aquellos aspectos que representan una verdadera transformación, lo que la convertiría en una reforma contraproducente por cosmética, tal vez más peligrosa que no hacer nada, dadas las expectativas populares creadas.
El pasado 20 de marzo el TSE organizó, con el apoyo de FLACSO y la Fundación Konrad Adenauer, un foro denominado “¿Hacia dónde va la democracia costarricense?: propuestas para su fortalecimiento”. Esa actividad no solamente pretendía ser sugerente en lo académico, por sus diagnósticos teóricos y propuestas de fortalecimiento de la democracia costarricense, sino que buscaba renovar el compromiso concreto de los actuales diputados con la reforma electoral y alertarlos sobre los indicados riesgos.
Posicionamiento y protagonismo. Por otra parte, también procuraba compartir con la comunidad nacional la reciente decisión del TSE de buscar precisamente mejor posicionamiento social y mayor protagonismo político, asumiendo la promoción de la formación política y la educación cívica y democrática en general, como función suya de carácter sustantivo y permanente.
El desarrollo de esa función buscará incentivar una disposición colectiva ampliamente favorable a la participación política, cimentada en una sólida cultura democrática y en un deseable reencuentro de los ciudadanos con los partidos políticos, como fórmula que son de autoorganización de los primeros.
Finalmente, pretendía que se tomara verdadera conciencia sobre la importancia de la creación del Instituto de Formación y Estudios para la Democracia (IFED), contemplada en el referido proyecto de ley, como plataforma administrativa que le permitiría al TSE asumir eficientemente su nuevo reto.