Escuchar
Sentada en la sala de espera de la Defensoría los escuché hablar. Él era mayor y quizás algo sordo pues subía la voz: “¡El alcalde no quiere!”, explicaba. La funcionaria leyó unos papeles y alzó la voz también: “¡Pero ustedes ganaron los juicios, él tiene que actuar!”. “Ya le entregamos las sentencias y no va a actuar”, repetía el hombre. Y la miró con tal cansancio e impotencia que el corazón se me estrujó. Y, sin embargo, yo también sentía esa impotencia y ese cansancio, y deben sentirlo muchos otros costarricenses ante una de las enfermedades más graves del país: la imposibilidad de hacer cumplir las leyes.
Por ejemplo, la crisis fiscal de Costa Rica se origina en gran medida en la imposibilidad –real y moral– del Gobierno de cobrar impuestos. He escuchado a menudo que, si la situación en aduanas se corrigiera, el déficit fiscal sería muchísimo menor. Pero nadie se atreve. El país atraviesa una crisis de autoridad.
Microcosmos municipal. Este mal que observamos en nuestro macrocosmos se da también y con mayor agudeza en nuestro microcosmos. El cansancio del señor que estaba en la Defensoría, el mío y el de tantos empieza en el microcosmos municipal. La Contraloría acaba de mostrar que, como el Gobierno central, las municipalidades no saben cobrar impuestos. Pero hay otra situación que no se ve en las cifras de la Contraloría, y es que las municipalidades tampoco saben, ni quieren ni pueden, hacer cumplir las leyes más elementales de la vida en común. Por ejemplo, no logran que se construyan aceras. Esto lo veo en Escazú, donde los peatones corremos el riesgo diario de ser atropellados.
Las municipalidades tampoco han sido capaces de protegernos de infracciones que deterioran el ambiente o la calidad de vida. Y el problema no es tanto, como dijo la alcaldesa de Curridabat, la indiferencia de los vecinos. El problema ha sido la indiferencia municipal. El abstencionismo de las elecciones del pasado enero son probablemente un síntoma del malestar que sienten los vecinos hacia los gobiernos locales, malestar que las estadísticas de la Contraloría no reflejan pues se da, aunque la municipalidad tenga un lugar alto en el cobro de impuestos y en el Índice de Desarrollo Social, como Escazú. Pondré un ejemplo personal.
Entre julio y agosto 2002 se depositaron sin permiso miles de metros cúbicos de barro en un lote al lado y detrás de mi casa en la urbanización Miravalles, lo que formó un relleno totalmente ilegal que causa problemas de seguridad, escorrentía, etc. La Municipalidad no actuó. Ante mi insistencia clausuraron el relleno y le dieron varios plazos a una empresa responsable, Kirebe, quien siguió depositando barro. La Municipalidad me comunicó que el dueño del lote también debía responder por los hechos y me aseguraron, inclusive por escrito, que ya le habían notificado. Casi 8 meses después, como todo seguía igual, pregunté y me dijeron que dicha notificación no existía y que la Municipalidad “extravió” durante 7 meses un oficio del departamento legal donde se recomendaba sacar la tierra del relleno.
En mi caso, la Municipalidad no pudo o no quiso hacer cumplir la ley y, para eso, mintió, o hizo la vista gorda. ¿Por qué?
Munis sí pueden. Lo que generalmente ignoramos los vecinos es que, cuando las municipalidades se alzan de hombros y nos dicen que no pueden, en realidad sí pueden: pueden actuar a tiempo, pueden llamar a la fuerza pública para detener a un infractor, pueden establecer causa penal y pueden echar mano de todas las demás potestades que las leyes y la jurisprudencia constitucional les otorgan. Pero, con salvadas excepciones, actúan como si no tuvieran autoridad.
¿Ignorancia, indiferencia, comodidad, temor a tocar los intereses creados? O, como sugiere el informe de la Contraloría sobre el cobro de impuestos, “¿clientelismo y corrupción?”.
¿Podrán los nuevos alcaldes –elegidos por el pueblo– construir con los vecinos un auténtico gobierno local? ¿O será, como el saneamiento de las aduanas, un sueño imposible?
