El rechazo a la ley de referendo por un voto causa indignación nacional y muestra el abuso que puede conllevar la democracia representativa. Esta ley se ha discutido desde hace dos años, se ha refinado para que sea un instrumento verdaderamente democrático y que suelte el amarre constitucional y el inmovilismo político en cuestiones fundamentales para el país, que no podemos darnos el lujo de seguir postergando. El combo del ICE, la reelección y la constituyente son ejemplos claros del estancamiento en que hemos caído por falta de un mecanismo de consulta popular.
La democracia representativa tiene el peligro de que los representantes elegidos directa o, peor aún, indirectamente, tomen decisiones que no representan el deseo popular e incluso vayan en contra de los representados. La democracia debe establecer un balance entre representatividad y participación, donde el pueblo tenga mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas de sus representantes, así como voz directa en asuntos que son muy trascendentales para el país. Solo así se evita que unos pocos, en este caso 57, decidan por 4 millones de costarricenses.
La democracia costarricense se ha caracterizado por su estabilidad política y alternabilidad en el poder de los dos partidos tradicionales, pero esta fórmula está lejos de ser el mecanismo de perfeccionamiento hacia una democracia más participativa. Por el contrario, el sistema actual, con la constitución vigente, impide avanzar hacia el mejoramiento y se deteriora año con año. Esto es lo que ha ocurrido en países como Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, donde los sistemas políticos llegaron a representar a unos pocos círculos de poder y se han convertido en terreno fértil para líderes populistas con ambiciones dictatoriales, o han desatado conflictos sociales en demanda de mayor participación política y económica.
¿Venganza o miedo? Los diputados liberacionistas que votaron en contra ni siquiera dieron argumentos razonables y lo hicieron completamente a título personal, en contra de los mismos precandidatos de su partido. Esto refleja una clara incongruencia partidaria y falta de posiciones claras respecto a quién están representando. ¿Será una actitud de venganza parlamentaria por parte de estos diputados que no se dan cuenta que se están disparando en su propio pie y perjudicando al resto de los ciudadanos que sí queremos el referendo? ¿Será miedo a que el pueblo decida sobre los asuntos de trascendencia y que su papel se reduzca a ser verdaderos servidores públicos que tengan que responder por sus actos? ¿Será que no quieren perder el poder de decidir por los demás para mantener intereses particulares?
La democracia costarricense ha sufrido un duro golpe con el rechazo al referendo. Los diputados deberán reconsiderar este error, como se reconsideró el "combo" del ICE y acordarse de que ellos deben facilitar la participación democrática, no impedirla. No basta una censura moral por tan mala decisión de los diputados. Si se dejan las cosas tal cual, se estará negando el derecho a opinar y participar democráticamente, haciendo que el pueblo sea el que pierde.
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