La tasa de reincidencia puede ser considerada como uno de los índices más confiables del éxito o fracaso de un sistema carcelario en el cumplimiento de su función rehabilitadora. Es obvio que si un alto porcentaje de los que han purgado la pena que les fue impuesta por los tribunales, vuelve, a los pocos meses, a delinquir, el sistema es, en este respecto, un fracaso, aun y cuando puede ser exitoso en el cumplimiento de sus otras e igualmente válidas funciones. Me refiero, valga la aclaración, a la rehabilitación de los "rehabilitables", no de aquellos ya endurecidos en una carrera criminal; a la reinserción social de los que no provienen de una subcultura criminal, para quienes, lógicamente, "reinserción social" significaría volver a conductas criminales propias de su ambiente.
Dejando a un lado las dificultades metodológicas propias a la medición del fenómeno de la reincidencia, el grado de éxito, en nuestro país, de los esfuerzos institucionales en pro de la rehabilitación no parece ser óptimo, si bien es cierto que otros países en la región parecen tener resultados aun menos satisfactorios. La pobreza de los resultados puede ser explicada como el resultado de una variedad de factores, algunos internos, otros externos. En primer lugar, cabe mencionar la insuficiencia de los recursos asignados, lo que tiene, como uno de sus efectos inmediatos, el hacinamiento en nuestras instituciones penitenciarias, del que todos estamos enterados, situación que dificulta enormemente cualquier política de reinserción social. Y este no es el único efecto negativo de la escasez de recursos que es propia de países económicamente subdesarrollados. En general, se puede concluir que la rehabilitación es, en países pobres, más una utopía que una realidad. En todo caso, una regla que sería peligroso violar es que no pueden gozar de mejor situación los que están "adentro" que los que están "afuera".
Pero existe un factor externo que, comprensiblemente, dificulta la reinserción social de marras: la dificultad que encuentra el expresidiario en encontrar un trabajo decentemente remunerado. El patrono, también comprensiblemente, titubea en dar trabajo a quien viene saliendo de la cárcel, pues piensa que, al hacerlo, se expone a actos delictivos en perjuicio de su negocio.
Me parece que, tal vez, existe una solución, al menos parcial, a este dilema. Ella sería la creación de un seguro que protegiera al patrono de cualquier pérdida a que su buena fe lo ha expuesto. El monto de las primas es un problema técnico al cual se avocarían las instancias pertinentes, o sea, el Instituto Nacional de Seguros. Igualmente, quedaría por decidir quién las pagaría, tal vez, parte el Estado, parte el exreo. Todos estos serían detalles por discutir y decidir. Otro estímulo al patrono podría consistir en alguna ventaja tributaria. Lo importante sería que la decisión política de, al menos, explorar esta propuesta, fuese tomada, en un futuro cercano, por los responsables de nuestras políticas en materia de rehabilitación.
Permítaseme agregar que yo no pretendo que este esquema sea una panacea. En el terreno tan difícil del control social no hay panaceas. Simplemente pienso que esta propuesta, si es llevada a la práctica inteligentemente, puede contribuir a aliviar el problema de la reincidencia y que es posible que una discusión pública de la misma puede contribuir a revelar sus ventajas y desventajas, sus virtudes y defectos. Es en este espíritu que la traigo aquí a la atención del público.
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