EscucharLos problemas estructurales del Estado que provocan ineficiencia, corrupción y malestar creciente, si bien nos obligan a revisar aspectos del sistema formal definido por la Constitución y leyes que piden ajustes, no deben hacernos creer que ahí se encuentran todos los problemas ni los más importantes.
Los cambios en las leyes o en la Constitución no garantizan, por sí, una adecuación del Estado a las nuevas necesidades si no logran afectar las estructuras subyacentes de poder real que son las que, en última instancia, definen su funcionamiento. La resistencia al cambio y modernización del Estado, pese al aparente consenso sobre su urgencia, surge de la amenaza que introduce para las normas operativas insertas en la trama de relaciones de poder que garantizan posiciones de privilegio. Estas normas son, en algunos casos, formales, pero, por lo general, son informales; es decir, no tienen respaldo formal en la estructura, pero se encuentran arraigadas en el sistema de distribución real de autoridad y control. Obedecen al sistema clientelar de manejo del poder por los partidos una vez en el gobierno. Son estas redes clientelares las que definen la distribución de la autoridad y las que ejercen el control sobre la acción institucional y no la Asamblea Legislativa ni los ciudadanos, según la Constitución. Esto sucede porque la estructura de poder clientelar se ha encargado de eliminar en la práctica los controles de resultados sobre el quehacer institucional, así como la rendición de cuentas de los jerarcas, reduciéndola a informes aburridos e inocuos.
Esto es muy grave. Con la eliminación de la evaluación de resultados y la rendición de cuentas, se pierde la posibilidad de una gerencia eficaz, de transparencia y de participación ciudadana y auditoría y controles institucionales efectivos. Al tiempo que se suprime de hecho la evaluación y la rendición de cuentas reales, se introduce, frente a las criticas de ineficiencia y corrupción, una serie de meticulosos controles previos que más obstaculizan la administración pública que aportan beneficios.
Conforme crece la corrupción, crecen los controles previos, partiendo del supuesto que cada proyecto es un "chorizo" y los funcionarios ladrones dispuestos a asaltar las arcas públicas al menor descuido del cancerbero, que solo tiene una corta cadena para controlar la entrada, pero que no llega a la salida y no le permite controlar los resultados de las inversiones públicas. En estas condiciones, el formalismo se impone sobre el sentido de la administración y las resoluciones resultan cada vez más absurdas. Un ejemplo es la resolución que impide a Fodesaf, organismo del Ministerio de Trabajo, rector de la política social, pedir cuentas y evaluar a los resultados alcanzados con dineros de ese fondo otorgados a instituciones autónomas para combatir la pobreza. Se impide así, por un formalismo, dar congruencia y articular un programa de superación de pobreza, estimulando la continuidad del asistencialismo clientelista. Otro caso de antología, que perfila los alcances de la estructura subyacente, es la resolución de la Sala Cuarta, confirmando la negativa del BANHVI a entregar la lista de beneficiarios del bono en Heredia a dos estudiantes de Planificación y Promoción Social que la solicitaron para hacer una encuesta de evaluación sobre los destinatarios del bono, como parte de su tesis de licenciatura.
Botín del ganador. La práctica de las redes de poder clientelar terminan imponiéndose al carácter formal republicano y ciudadano de la Constitución y las leyes. En la realidad se opera tras pudibundas apariencias republicanas y moralistas, de acuerdo con un principio no explicitado que se ha asumido en la práctica cotidiana del aparato público y que se puede resumir en: "El Estado es el botín del partido ganador".
Por esta razón, cualquier cambio del Estado debe empezar por reconocer la existencia de estas estructuras subyacentes y tener una estrategia que permita quebrarle el espinazo, abriendo espacios al control ciudadano. Esto tiene que ver con una reforma electoral y legal que introduzca un procedimiento ágil de revocatoria del cargo , pero, sobre todo, que introduzca una transformación del carácter clientelar y feudal del Estado, fundamentada en la evaluación de resultados como ordena expresamente el irrespetado inciso II del artículo 11 de la Constitución vigente, fundamento de la transparencia, la participación el control legislativo y ciudadano.
