Hay errores y actos políticos reñidos con las normas éticas y con la ley que afectan a los gobernados y al país, pero cuyos efectos no rebasan las fronteras. Otros, en cambio, por su especial naturaleza, por tocar valores fundamentales o por sus consecuencias económicas, repercuten en la comunidad internacional, principalmente en los países vecinos. Este es el caso del pacto entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Gobierno de Nicaragua, concretamente, entre el presidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.
Más que un pacto de no agresión lo es, en forma explícita, de mutuo apoyo mediante la aplicación tropical de la omertá o ley del silencio. No figura en él ni por asomo el interés del pueblo de Nicaragua, sino exclusivamente el de las partes: un espeso manto de silencio sobre la corrupción y una generosa repartición del poder político e institucional. La piñata institucionalizada. El encarcelamiento del contralor Agustín Jarquín Anaya, el 16 de noviembre pasado, ejemplifica y documenta el contenido y alcances de este pacto. La orden de arresto fue dictada de manera abrupta por la jueza Vanessa Chévez y ejecutada de inmediato por el jefe de la Policía Nacional, Franco Montealegre. Otras denuncias, mucho más graves, contra funcionarios del Gobierno de Nicaragua y contra el propio presidente Alemán guardan reposo. Dadas la rivalidad entre este y el contralor Jarquín, que data de 1990, la disposición gallarda de este funcionario en la lucha contra la corrupción, la gravedad de las denuncias formuladas contra el presidente Alemán y la naturaleza de la falta atribuida a Jarquín, existe una clara desproporción entre esta, el despliegue policíaco y la orden de arresto. Se trata, al parecer, de un acto eminentemente político que pone en entredicho la autonomía del Poder Judicial en Nicaragua.
El silencio mutuo es la clave del pacto. Es el principio y es el fin. A su amparo se invaden las potestades del Poder Judicial, y este, al parecer, no reacciona. Tampoco, obviamente, el otro beneficiario del pacto. Se distribuyen las instituciones públicas como si se tratara de las parcelas de una propiedad, y ambos se garantizan el futuro político: Alemán se refugia como diputado en la Asamblea Legislativa y en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que le confiere impunidad, y a Ortega se le allana el camino a la Presidencia de la República. El silencio político y el silencio institucional aseguran la impunidad. Los dictadores del pasado arrasaban el ordenamiento jurídico y la moral pública de manera arbitraria. Alemán y Ortega instrumentalizan en su beneficio la ley y las instituciones republicanas. La democracia, despojada del valladar del estado de derecho, pierde así su esencia y su sentido. El pueblo de Nicaragua esperó por décadas, entre el duelo y la sangre, el advenimiento de la democracia. Ahora, un pacto perverso está a punto de liquidarla o de convertirla en una mascarada. Esta tragedia nos afecta a todos los centroamericanos, principalmente a nosotros.
No debe dejarse de lado un hecho capital: este asalto a las instituciones y a la democracia, precisamente cuando Nicaragua clama por la ayuda externa, ha sobresaltado, con razón, a la comunidad internacional. øPor qué, pese a sus graves consecuencias, el presidente Alemán y Ortega han actuado con tanta desfachatez? Debe ser mucho lo que se necesita ocultar bajo una lápida de silencio e impunidad para exponer en forma tan abyecta el interés del pueblo de Nicaragua. Este desquiciamiento nos afecta a todos los centroamericanos. En particular, a nosotros.
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