Opinión

El ostracismo

Despreciar y pisotear la voluntad popular equivale a desvirtuar y desnaturalizar la democracia

En Atenas se le consultaba periódicamente al pueblo, reunido en la Ekklesia o asamblea de los ciudadanos, su voluntad de que se practicara el ostrakismos. Si votaban afirmativamente, cada uno procedía a inscribir en la concha de una ostra el nombre de la persona que consideraba necesario aplicarle un destierro de diez años. En una ocasión, un ciudadano analfabeto le rogó a su vecino que inscribiese en su ostrakon el nombre de Arístides. Como este resultó ser el mismo Arístides, éste le preguntó qué agravio le había causado y la respuesta fue: "Ninguno, yo ni siquiera lo conozco. Pero estoy fastidiado de escuchar que todos le llaman el justo".

Aquel mecanismo constitucional no implicaba la confiscación de bienes ni deshonra alguna. Tampoco tenía la intención de castigar, sino de actuar como una medida preventiva de seguridad, destinada a proteger a la incipiente democracia de las ambiciones peligrosas de ciudadanos demasiado influyentes e impedir la dictadura. Debía servir para que los ególatras y los megalómanos demasiado ambiciosos se comportaran con moderación y como un procedimiento expedito contra aquellos de quienes se sospechara que tramaban alguna conjura.

Ostracismo nacional. Pero se convirtió en una institución abusiva, torpe y opresiva, aplicada para desterrar a quienes se negaban a adoptar medidas populares o para que los mediocres saciaran su envidia y segaran las espigas más altas cuando sobresalían por su talento, fama u oratoria, como fue el caso de Arístides. La padecieron Clístener, quien fue su progenitor, Hiparcos, Megacles, Temístocles, Cimón y Damón, el maestro de Pericles. También lo sufrió Hipérbolo, quien había solicitado el ostracismo contra Nicias y Acibíades, sin lograrlo. Al cabo de noventa años de vigencia, cayó en desuso al no producir los resultados apetecidos, por lo que reflexionó el pueblo y considerándolo desacreditado, lo abolió para siempre.

El impedimento a la reelección en nuestra propia constitución, obedece a motivos similares y actúa en forma semejante al ostracismo, al desterrar del poder a quienes lo han ejercido y al pagar justos por pecadores. Parece absurdo, discriminatorio y extemporáneo, además, si se toma en consideración la madurez democrática de nuestro país. Es justo y positivo, así mismo, que un gobierno se prolongue si el pueblo lo juzga excelente, en una época compleja en la que un mandato de cuatro años suele ser demasiado corto para la labor de un buen estadista.

En ese sentido, el sistema parlamentario resulta ser superior al régimen presidencialista, ya que está exento de graves aberraciones y tiene importantes ventajas. Una de ellas consiste en que si un gobierno es considerado positivo y beneficioso, se perpetúa durante largo tiempo, disfrutando de una saludable, merecida y respetable longevidad. Tal fue el caso de Walpole, quien ejerció el poder durante veinte años en Inglaterra, el de Kohl por dieciséis años en Alemania o el de algunos estadistas que gobernaron durante más de una década, como Adenauer, Felipe González o la Dama de Hierro.

La segunda ventaja del régimen parlamentario consiste en que si un gobernante demuestra incapacidad e ineptitud de gobernar, es destituirlo por el poder legislativo, mediante la aplicación del voto de censura o de la moción de confianza, sin soportar que perdure, provocando daños y estragos en forma prolongada. La tercera gran ventaja consiste en que los candidatos suelen ser los jefes de los partidos que han demostrado ser los mejores a lo largo de una larga carrera ministerial y parlamentaria. Es decir, que no son los demagogos ni los mediocres, sino los políticos más experimentados, los que suelen conquistar el poder.

Desperdicio insensato. ¿No resultaría absurdo, por ejemplo, que los estudiantes más brillantes obtengan becas en Oxford, Harvard o La Sorbona, pero que se les prohiba impartir lecciones o ejercer sus profesiones después de un breve período? Convertir a un político en un hombre de Estado y, sobre todo, en un gran estadista, implica un enorme gasto y sacrificio social, porque su proceso de aprendizaje es un camino largo, oneroso y empedrado con graves errores.

¿No es insensato, entonces, desaprovechar, desperdiciar y privar a la sociedad de todo este cúmulo de experiencia ociosa, como si se tratara de un objeto desechable en la sociedad de consumo? No es similar al caso del anciano aquel que se quejaba amargamente de que cuando ya había logrado poseer todas las respuestas, ya nadie le preguntaba nada?

Otro argumento válido e ineludible es que debe ser respetada la voluntad del pueblo, ya que éste es el único titular y el máximo depositario de la soberanía nacional. De todos los protagonistas políticos es, además, el que más ha demostrado sabiduría, al apoyar la reelección y al levantar un muro colosal de consenso patriótico contra la subasta de los bienes del Estado, por lo que esa voluntad debe ser considerada como un mandato supremo y sagrado.

Despreciar y pisotear esa voluntad popular, que se opone en forma ampliamente mayoritaria al destierro político de sus buenos gobernantes así como al entreguismo del patrimonio nacional, equivale a desvirtuar y desnaturalizar la naturaleza misma de la democracia. Parafraseando a Lincoln, equivale a convertirla en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero en el que una arrogante minoría se obstina en mostrarle como se ejerce el poder.

A pesar de que el veredicto de sus conciudadanos le resultara adverso, Arístides escribió con integridad su propio nombre en la ostraka del analfabeto y se la devolvió. Luego, respetuoso de la voluntad del pueblo, tomó socrática y estoicamente el cruel camino del exilio. Pero poco después, aquel mismo pueblo tuvo la sensatez de recapacitar con equidad y de rescatarlo de aquel destierro injusto, para que regresara a servirle a su patria con lealtad y ya nadie se fastidió de escuchar que le llamaran el justo.