EscucharU n Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) robusto, moderno, eficiente, flexible, que rinda cuentas claras y precisas de su desempeño, respete su condición de institución estatal y, por ello, esté sometido al control público. Un mercado de electricidad y telecomunicaciones abierto, transparente, innovador, competitivo, con igualdad de condiciones para todos los participantes en las mismas actividades y despojado de tráfico de influencias. Un ente regulador fuerte, compacto, bien informado, inteligente, independiente y con capacidad jurídica para el ejercicio pleno de sus funciones.
Un Estado capaz de afrontar con éxito sus problemas fiscales, que exija al ICE hacer bien aquello para lo que existe (y no más), que respalde la buena regulación, tenga visión estratégica y esté dispuesto a compensar, a favor de los más débiles, las imperfecciones o limitaciones del mercado. Y, como resultado, un país y unos consumidores con servicios de la mayor calidad, el mayor acceso, la mayor rapidez de respuesta y el menor precio posibles dentro de la rentabilidad y capacidad de inversión que deben tener los proveedores.
Tenemos posibilidades
He aquí, a grandes rasgos, la situación ideal de la electricidad, las telecomunicaciones y la mayor empresa que actualmente provee de ellas el ICE en el país. Es, obviamente, una situación en la que actualmente no estamos, pero que podríamos alcanzar, siempre que estemos dispuestos a tomar las medidas necesarias en ese sentido. Y por los avances que hemos tenido en el pasado, nuestra condición de país democrático, la posibilidad de evitar los errores cometidos por otros, nuestro atractivo para la inversión y la conciencia pública que existe sobre el tema, el camino por recorrer podría ser más corto y exitoso que en muchos otros países. Así, nuestro proceso de desarrollo general podría tomar un ímpetu del que ahora carece, nuestra capacidad competitiva internacional podría fortalecerse, y nuestras condiciones de vida, mejorar sustancialmente.
Para cumplir con nuestra responsabilidad de órgano de prensa responsable, y para estimular un debate público sereno y de calidad sobre el tema, entre el domingo 30 de julio y hoy, lunes 7 de agosto, publicamos una serie de cinco reportajes, elaborados por nuestra redactora Giannina Segnini, que pusieron el dedo en la llaga de una problemática que, por compleja, a menudo contradictoria, vinculada a intereses múltiples, cambiante a lo largo del tiempo y con frecuencia manipulada y manoseada, no admite respuestas simples. Pero sí demanda, en bien del país, que salgamos de la parálisis en que nos encontramos, para avanzar con urgencia hacia el ideal descrito en los primeros párrafos.
Debemos eliminar distorsiones
Para hacerlo, entre otras cosas, el ICE debe dejar de ser un instrumento fiscal del Gobierno y asumir su capacidad, responsabilidad, desafíos y recursos de empresa autónoma, pero sometida a los controles que garanticen el buen uso de los recursos públicos. Los límites de inversión, las metas de superávit y las exigencias de inversión en bonos del Estado que ha debido cumplir por varios años, estuvieron justificados, desde inicios de la década de 1980, en la crisis de nuestras finanzas públicas. En algún momento nuestra opción como país no era si construir una nueva planta o ampliar líneas telefónicas, sino si construir una nueva planta o ampliar un hospital. Pero esos límites, metas y exigencias, además de conducir a un debilitamiento de la institución algo explicable con todos los entes públicos en época de severos problemas fiscales, muy rápidamente también produjeron grandes distorsiones en su manejo.
Curiosamente, además, se generó una serie de artilugios y procedimientos financieros internos que, con el conocimiento del Gobierno, burlaron las reglas impuestas al ICE, produjeron algunos de los mismos efectos monetarios que se querían evitar con las limitaciones originales, enturbiaron la toma de decisiones, redujeron la transparencia e hicieron mucho más difícil la medición y el control por parte de los entes supervisores. Por ejemplo, si actualmente las tarifas de telefonía (fija o móvil) y electricidad son artificialmente bajas, es porque las contabilidades múltiples del ICE no han convencido a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de la necesidad de aumentarlas, algo indispensable en la actualidad.
La transparencia es vital
Todo esto se ha dado en un entorno político-social poco dado a llamar a las cosas por su nombre y muy proclive a "buscarle la comba al palo" a los problemas y rigideces, en lugar de afrontarlos directamente. Así, por ejemplo, cuando se hizo evidente la necesidad de que hubiera generación privada, en lugar de dar una ley simple, clara, valiente y moderna, romper los topes de cogeneración y crear un mercado competitivo en precios, se optó por un tímido texto que impidió su florecimiento inmediato y más bien condujo a una ronda inicial de contratos con precios sumamente elevados e "indexados". Los cambios posteriores han mejorado los términos contractuales, pero no lo suficiente.
Además, se ha optado por modalidades de manejo de servicios mediante sociedades anónimas laborales (SAL), arrendamiento de equipos, fideicomisos para inversiones, y sistemas de construcción, operación y transferencias de instalaciones (BOT, por sus siglas en inglés), que, en realidad, son una privatización inconfesada. Esta incursión del sector privado es necesaria en el país, pero, como nadie se ha atrevido a plantearla claramente, la privatización virtual se ha dado por las vías menos claras, menos competitivas, más sujetas al tráfico de influencias y, por tanto, menos beneficiosas para el país.
La apertura es indispensable
Nada de lo anterior puede corregirse y reorientarse con la receta fácil de soltar todas las amarras a un ICE sin competencia. Lo que debe hacerse de inmediato es cortar las que sean injustificadas, eliminar las distorsiones, dar claridad absoluta a todas sus modalidades de contratación y operación, y renunciar a que cumpla un papel fiscal que, como empresa, no le corresponde. Pero, a la par, debe haber una supervisión pública que, respetuosa de la autonomía y flexibilidad de la institución, vele por el buen uso de los dineros públicos. Si el ICE es "nuestra" empresa, debemos exigirle que sea eficiente y rinda cuentas.
Parte de su propia eficiencia y rendimiento, y la de los servicios de telecomunicaciones y electricidad en general, solo podrá garantizarse, en última instancia, mediante la apertura del mercado a las inversiones y competencia privadas, con absoluta transparencia, con un ente supervisor de altísima calidad e independencia, con un meticuloso cuidado por el patrimonio público, y con un Estado que se centre en sus tareas de estratega y promotor de la igualdad de oportunidades a los usuarios. Esto lo hemos propugnado a lo largo del tiempo, y las razones sobran para seguirlo haciendo.
Si, en este entorno, el ICE logra, como han sido capaces algunos operadores de telecomunicaciones escandinavos, conciliar eficiencia y propiedad pública, estaremos en el mejor de los mundos. Si no es así, como sociedad debemos estar preparados para un replanteamiento total de su organización y principios.
En todo caso, lo inmediato es comenzar a andar hacia el cambio responsable, realista, decidido y absolutamente cristalino, tal vez de forma paulatina, pero con visión de conjunto y búsqueda del bien común.
