EscucharUn grupo de 400 empresas exportadoras recibirá, en 1998, el beneficio de los Certificados de Abono Tributario (CAT) por ¢28.000 millones. En 1999 el número de empresas beneficiarias descenderá en un 50 por ciento (200 en total), pero el monto de los CAT ascenderá a ¢36.000 millones. El incremento será así del 29 por ciento. En promedio, cada empresa recibirá ¢180 millones, en vez de los ¢70 millones correspondientes a 1998.
Se trata, como lo expresó el ministro de Hacienda, Leonel Baruch, de un privilegio para unos pocos, pero financiado por todos los contribuyentes, como ocurre siempre en el caso de las granjerías. Nuestra información de ayer sobre esta materia trazó algunas comparaciones útiles para comprender la magnitud de este festín: los ¢36.000 millones en CAT del próximo año equivalen a los recursos generados por el impuesto del 15 por ciento sobre los combustibles, el impuesto al ruedo y los peajes, con los que el Consejo Nacional de Vialidad podría reparar las carreteras en 1999. Nuestros lectores podrán distraerse haciendo comparaciones con el número de casas de interés social que podrían construirse, las medicinas que podrían comprarse o las familias pobres que podrían socorrerse.
En un próximo editorial nos referiremos --otra vez-- a los aspectos económicos y fiscales de este gaudeamus sin fin, prueba inequívoca del desorden imperante en el Estado en la administración de los recursos públicos, de la ausencia elemental de cálculos razonables antes de adoptar decisiones de este género o del temor que embarga a nuestros gobernantes a la hora de poner coto, de raíz, a los abusos y sinecuras. Mientras tanto, se imponen algunas consideraciones de orden ético, pues, en el fondo, de eso se trata: de una violación flagrante de la justicia distributiva y de la apertura de una vía anchurosa para la concepción y ejecución de toda clase de actos de corrupción, tantos como caben en la imaginación "creativa" de algunas personas.
De acuerdo con nuestra información de ayer, funcionarios de Hacienda sospechan que "algunos exportadores, con contratos de exportación vigentes, se han prestado para exportar a su nombre el producto de otros que ya perdieron este beneficio". Esta es una de las tantas modalidades que podrían haberse arbitrado para gozar del maná de los CAT. De aquí que, por elementales principios éticos y legales, así como por respeto al país, debe llevarse a cabo una investigación profunda para determinar las causas de estos aumentos escandalosos en los CAT. Si, en denuncias de menor cuantía, hasta la Asamblea Legislativa ha intervenido, he aquí una ocasión magnífica para actuar con energía y sin contemplaciones.
Pero, no basta una investigación. Deben darse a conocer los nombres de todas las empresas y exportadores favorecidos con los CAT. De este modo, la propia opinión pública podrá colaborar para distinguir entre los CAT apegados a derecho y justicia, los abusivos y los carentes de razones éticas y legales. Por tratarse de un asunto de eminente interés público, no hay razón alguna para declarar secreta o impublicable esta información. El sector privado debe ser el primer interesado en que se proceda con transparencia.
