EscucharEl desorden y abuso de las patentes en muchos municipios data de muchos años, se ha convertido en escándalo y, pese a las gestiones hechas ante los diputados, no ha sido posible poner coto a las irregularidades por tanto tiempo denunciadas, de parte de los propios regidores y de los vecinos. Al parecer, poderosos intereses creados mueven mares y montes para que no imperen el orden, la eficiencia y la legalidad. Así lo ilustran diversas informaciones de La Nación en estos meses.
Por mucho tiempo, las patentes han sido una de las pocas fuentes de recursos para las municipalidades. Sin embargo, sus mayores beneficiarios han sido los concesionarios y no los municipios. Este sistema vicioso ha traído consigo graves consecuencias para las comunidades: la proliferación de bares y cantinas en la ya extensa y ubérrima cultura del guaro en nuestro país, alimentada por intereses de variada índole, sobre todo económicos y políticos. La patente como negocio y como recompensa por los servicios políticos prestados. Recientemente informamos, por ejemplo, de que la Municipalidad de Santa Cruz otorgó 44 de las 50 patentes de licores que subastó. De este modo, el municipio recaudó ¢309 millones que se invertirán en la compra de terrenos para personas de escasos recursos. El cobro de las patentes osciló entre ¢6 millones y ¢11 millones. De acuerdo con "la actual" Ley de Licores , de hace 70 años, por cada 300 habitantes, se puede otorgar un permiso. Como esta norma de nuestros generosos abuelos se ha aplicado fielmente, el número de bares y cantinas en nuestro país desborda toda medida.
El problema, sin embargo, no se reduce solo al festín del licor, sino de toda clase de anomalías y hasta de corrupción. Nos referimos, en particular, al alquiler privado de las patentes de licor, a los escasos beneficios para los municipios, al desigual cobro de patentes en el país, al irrespeto que este desorden representa para los vecinos de bares y cantinas, y, por consiguiente, a la urgencia de una ley marco que ponga orden y racionalidad en este bazar de intereses. Verifican lo anterior el hecho de que los concesionarios solo pagan a los municipios un poco más de ¢6.000 mensuales, que, una vez repartidos, dejan a estos ¢600. Sin embargo, los concesionarios han llegado a devengar ¢10 millones y más por su traspaso a otra persona o sociedad, o bien, por su alquiler millonario -más de ¢1.000.000 por mes- sin que el municipio reciba un centavo. Un campo abonado para toda suerte de manipulaciones.
En este cuadro de abuso y desorden, cada municipio tiene su propia ley de patentes, distinta de la aprobada inicialmente por la Asamblea Legislativa, lo que ha aumentado la ineficiencia, las discriminaciones, la falta de controles y, por supuesto, ha impedido contar con una ley. Los intentos de algunos regidores y alcaldes en este sentido se han frustrado en la Asamblea Legislativa. En esta situación, a todas luces irregular y bochornosa, también los vecinos de muchos bares y cantinas son víctimas del irrespeto y de los escándalos por el exceso de licor y hasta del consumo de drogas. Las quejas en este sentido ante algunos alcaldes y regidores han resultado vanas. Los vecinos, por ejemplo, de barrio Córdoba, en San José, se han quejado, por 16 años, de los escándalos en un bar. Algunos han tenido que emigrar del lugar por la desatención de las autoridades. Esta es una escena corriente en diferentes lugares, cuyo epicentro es el exceso de patentes, el desorden, la falta de controles y las corruptelas, en perjuicio de los gobiernos locales y de los derechos de los ciudadanos. ¿Hasta cuándo?
