EscucharCuando una organización es medianamente seria, consecuente y respetuosa de sus afiliados y de la sociedad en que se desenvuelve, está dispuesta a cumplir con un deber elemental: dar cuenta de sus actos y aclarar las dudas o denuncias que surjan en torno a ellos.
Cuando esa organización, además, pretende ejercer una representación laboral, se financia con las cuotas de sus afiliados, participa activamente en la vida nacional, no oculta tener intenciones políticas y, a menudo, intenta convertirse en severo juez de lo que otros hacen o dicen, su imperativo de transparencia y rendimiento de cuentas es aún más grande. Incumplirlo implica renunciar a cualquier legitimidad que pretenda tener de cara a sus miembros y, en general, los ciudadanos. Revela, además, clara inseguridad sobre los fundamentos de su conducta.
Esto es lo que ocurre con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y ha quedado de manifiesto con su actitud frente a un hecho muy grave: el informe planteado ante el Ministerio de Trabajo por su fiscal general, Nelly Rojas López, y por el secretario general del sindicato de empleados del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Alberto Salas, quienes denunciaron que “algunos dirigentes perpetuados en sus puestos” han dispuesto de manera discrecional, inconsulta y poco responsable del patrimonio de la organización, con propósitos que se alejan de la misión de la ANEP y se vinculan a un “proyecto político nacional”. De este forma parte su activismo en contra de la ratificación del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
El viernes, La Nación , en ejercicio de sus derechos y su deber de informar al público, dio cuenta de este hecho; también, de que la fiscal Rojas había pedido protección policial, ante amenazas para que retirara la denuncia. Como corresponde a la práctica del buen periodismo, y a nuestras normas internas, acudimos a representantes de la ANEP para que se refirieran al caso. Se trataba de tener un adecuado equilibrio en la información, y de darles la oportunidad de rendir cuentas, como correspondía. En su lugar, el secretario general adjunto, Edgar Morales, se negó a dar declaraciones: “Para La Nación nada”, fueron sus cortantes palabras. Es decir, explicaciones al público, ninguna.
Ese mismo día, la ANEP celebró su asamblea nacional, en la que, como ocurre desde hace 16 años, se mantuvo inalterada la cúpula de sus dirigentes. A nuestros periodistas se les impidió ingresar al acto, con autoritaria agresividad. En esa asamblea no se produjo ningún rendimiento de cuentas; al contrario, ahora la fiscal que presentó la denuncia por manejo indebido de fondos corre el peligro de ser expulsada de la organización.
Si lo que se ha revelado en torno al patrimonio de la ANEP hubiera provenido de una investigación emprendida por este periódico, sus dirigentes podrían haberse escudado, para mantener la turbiedad, en que era un “montaje” de la “prensa vendida”, su cantaleta instintiva, cansona y mentirosa. Pero la iniciativa de denuncia provino desde su propio seno, lo cual es revelador de la magnitud que podría tener el problema, y desmiente cualquier argumento de “montaje” externo.
Estamos entonces, simple y llanamente, ante un grave ejemplo más de irrespeto a los empleados públicos y a todos los ciudadanos por parte de la cúpula de la ANEP, y ante una violación deliberada del derecho que todos tenemos (incluidos, por supuesto, los periodistas) de conocer cómo actúa una organización que maneja fondos de terceros y es un actor público permanente. Este ejemplo, a la vez, es sintomático de la crisis de ese grupo y de su falta de representatividad. Que, a pesar de todo esto, pretenda constituirse en defensor de la “patria”, la “soberanía” y la “verdadera democracia” es, por decir lo menos, ejemplo de su burdo doble discurso.
