EscucharAl tocar suelo costarricense, los migrantes deportados por Donald Trump deberían quedar libres de inmediato y no se les puede enviar a su país de origen si tienen riesgo para su vida o libertad. No son criminales, no han cometido ningún delito en Costa Rica, ni siquiera una infracción migratoria, porque no deseaban venir aquí; los trajeron de manera forzada.
La precipitada ocurrencia del gobierno de Estados Unidos, respaldada por el gobierno de Costa Rica ⎯para traer centenares de migrantes afganos y de otras nacionalidades, internarlos en el Catem y después repatriarlos contra su voluntad a su país de origen⎯ violaría las condiciones de la donación de ese edificio, pero también la legislación costarricense y el derecho internacional humanitario.
El gobierno de Costa Rica ha dicho que los migrantes van a ser internados en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en el cantón de Corredores, y que serán custodiados por la Fuerza Pública. ¿Por qué se les encierra y custodia si no han cometido ninguna falta en Costa Rica? ¿Qué justificaría que centenares de mujeres, algunas embarazadas, y sus hijos estén privadas de su libertad en un país protector de los derechos humanos, la democracia y la paz?
Por el principio internacional de No-Devolución (Non-Refoulement) que Costa Rica siempre ha respetado, ningún migrante puede ser retornado contra su voluntad a su país de origen si existe riesgo para su vida o su libertad. Por eso, por ejemplo, ninguna mujer afgana, por el solo hecho de ser mujer, puede ser obligada a volver a Afganistán. ¿Qué se hará ahora con esas personas?, ¿adónde irán? Ese es ahora un problema y una responsabilidad del Gobierno de Costa Rica.
Al gobierno de Trump y al del presidente Chaves se les debe recordar que Costa Rica es un país de derecho, con instituciones sólidas, donde imperan las leyes, no los caprichos de un caudillo de turno. Que somos la democracia más consolidada del continente. No somos ni queremos ser tratados como una Banana Republic ni un “shithole”, como despectivamente se refiere Trump a muchas naciones en desarrollo.
El Catem-Sur es una instalación humanitaria donada por la empresa alemana Faber-Castell al Estado costarricense en 2018, con la expresa advertencia de que ese edificio no debía ser utilizado como un lugar de detención, sino como un espacio de refugio y auxilio para migrantes u otras personas necesitadas de ayuda.
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La escritura de la donación, firmada el 7 de mayo del 2018 en la Procuraduría General de la República, especifica de manera clara como una condición esencial, que la propiedad, de más de siete hectáreas, será destinada a la atención de migrantes y a la unificación de operaciones migratorias y humanitarias de la zona y la frontera sur, nunca como un sitio donde se prive de la libertad a nadie. Ese espacio puede tener otros usos, como un albergue para atender diversas emergencias y necesidades de las comunidades del sur, pero nunca para internar a nadie contra su voluntad.
La donación del Catem-Sur (antigua fábrica Maderín, de Faber-Castell), con un valor de más de $3 millones, fue el resultado de un largo proceso de negociación que me correspondió coordinar como ministro de Comunicación y Enlace. En medio de la llegada sin precedentes de grandes grupos de migrantes en tránsito, principalmente cubanos, haitianos y africanos, el gobierno de Luis Guillermo Solís se abocó desde 2015 a buscar soluciones estables y de largo plazo para atender esos flujos. Primero, se pensó en alquilar las instalaciones de Maderín, pero después Faber-Castell ofreció la generosa donación, con la condición explícita ya mencionada. Tras un complejo proceso administrativo, finalmente la propiedad fue traspasada al Estado costarricense y acondicionada durante la administración Alvarado.
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La figura de “los Catem” fue creada en 2016 en el contexto de flujos migratorios inmensos e imparables, para ofrecer espacios de documentación, legalización y atención humanitaria a personas que ingresaban a Costa Rica en tránsito irregular con el fin de salir del territorio nacional lo antes posible rumbo al norte. Desde el inicio, se utilizaron esos espacios para otorgar permisos temporales de permanencia en el país, de 30 días, lo que daba a esas personas una estancia legal, sin temor de ser multados o aprehendidos. En los Catem, las personas migrantes no solo tenían un colchón y un techo, sino también alimentación y atención sanitaria. Tales servicios ordenaban los flujos, combatían el tráfico de personas y daban seguridad a migrantes y a las poblaciones costarricenses.
Las personas deportadas por Trump pueden permanecer en el Catem-Sur de manera voluntaria, y en el país tienen todos los derechos que la Constitución y las leyes ofrecen a cualquier habitante de Costa Rica: tienen derecho a que se les documente y legalice su estancia en el país (aún más si llegaron aquí de manera forzada), a ser tratados con dignidad, a recibir servicios de salud, especialmente las embarazadas y menores de edad; tienen derecho a solicitar refugio, a transitar libremente y a salir del país si así lo desean. Pero lo más importante, tienen derecho a que no se les retorne a su país de origen si existe un peligro.
Por querer quedarle bien a Trump, el arribo forzado de migrantes afganos y de otras nacionalidades puede terminar en un escandaloso laberinto legal para Costa Rica y una tragedia para las personas migrantes víctimas de un trato inhumano.
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Mauricio Herrera Ulloa es periodista y exministro de Comunicación
