EscucharLa cuenca del río Pirrís abastece de agua a los cantones de León Cortés, Dota y Tarrazú, la llamada zona de Los Santos. La belleza de estos parajes y la bondad de su gente merecen, sin embargo, mejor suerte que la pérdida de los afluentes o el agua contaminada, producto de la tala indiscriminada, las quemas, la ampliación de potreros, o el uso constante de agroquímicos que afecta las nacientes, además de la salud de las personas.
El reportaje de ayer de La Nación sobre esta zona da cuenta, además, de que el bosque primario y secundario se reduce considerablemente año con año actualmente corresponde al 25 por ciento de las 28.000 hectáreas de la cavidad alta y media del Pirrís, la gente recibe el agua sin clorar, proveniente de tomas abiertas, que ni siquiera encajan en la caracterización de acueductos rurales, y no se respetan las regulaciones vigentes sobre la distancia que ha de mediar entre las zonas acuíferas y las nacientes, y los cultivos. En estas condiciones, la salud de los habitantes de estos cantones puede degradarse, como lo han reconocido las autoridades sanitarias correspondientes. En resguardo de estos derechos, dos caficultores fueron denunciados y condenados penalmente por la tala ilegal del bosque y la contaminación de los ríos. Sin embargo, la impunidad suele ser la nota común y, aunque las sanciones se cumplieran, la recuperación de un bosque primario resulta imposible.
Estos cantones conforman la segunda zona productora de café del país, cuya calidad goza de renombre internacional, y tanto productores como beneficiadores manifiestan que están cumpliendo con las normas ambientales pertinentes. Sin embargo, de acuerdo con el encargado de la gestión ambiental del ICE, la contaminación se mantiene y aumenta, pues no hay controles de parte de las entidades públicas ad hoc. Este es el problema de fondo: la escasa protección prevaleciente en el país de las fuentes de agua, tal como lo manifestó, en este reportaje, el director del laboratorio nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Tocamos así una cuestión de Estado grave y compleja por la magnitud de este deterioro y por la dificultad en ponerle coto, todo lo cual requiere un ingente esfuerzo técnico y financiero, en salvaguarda de los derechos de la actual y de las futuras generaciones, en orden a la salud y a su propia seguridad. Frescos están aún los recuerdos trágicos de la acción devastadora del huracán Mitch en Honduras y en Nicaragua, y del huracán César en nuestro país, precisamente por no haber actuado a tiempo en cuanto al control de la tala de árboles y en punto a reforestación.
Tenemos, pues, tres causas principales de preocupación: la deforestación, el abuso de agroquímicos y el tratamiento de las aguas, cuyo control corresponde directamente al Estado. No vamos, sin embargo, a caer en el círculo vicioso de denunciar a las instituciones públicas. Otros países nos ofrecen el ejemplo extraordinario, por su eficacia y por extensión, de la participación de las propias comunidades en los planes de reforestación, de denuncia y de control. La organización popular puede, en esta materia, realizar grandes obras. Aquí tienen un amplio escenario los dirigentes de estas comunidades, en especial aquellos que, por la naturaleza de su valimiento social y de sus funciones, están en contacto con las necesidades y aspiraciones de las comunidades. Actualmente, existe una conciencia más lúcida y alerta en el país sobre la defensa del ambiente o de la naturaleza. En este sentido, los dirigentes comunales y la propia Iglesia pueden llevar a cabo una labor ejemplar y realizar un gran cambio.
