EscucharEl vicepresidente Luis Liberman llama a invertir con celeridad el dinero del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, destinado a desarrollar, entre otros proyectos, la conexión de escuelas y colegios a la Internet. La urgencia del Vicepresidente se justifica, no solo por la experiencia habida en el país con los intríngulis de la burocracia, sino por el estado actual del Fondo.
Si bien la apertura de las telecomunicaciones apenas da sus primeros pasos, Fonatel ya cuenta con ¢3.000 millones y está a punto de recibir los $170 millones pagados por las dos concesionarias privadas de la telefonía celular. Sin embargo, aún no hay decisión sobre la modalidad de administración del dinero, si se hará mediante un fideicomiso o se adoptará otro tipo de esquema. Tampoco hay personal contratado para conducir sus labores.
Con sentido de urgencia, el Gobierno intentó impulsar un presupuesto extraordinario de ¢300 millones para ganar tiempo y echar a andar la administración del Fondo. El presupuesto fue aprobado por la Contraloría General de la República, pero el Ministerio de Hacienda alegó carecer de fondos para ponerlo en práctica. A ese paso van las soluciones.
Los centros educativos, en cambio, operan con las dificultades de todos conocidas. La adición del servicio de Internet produciría un fuerte impacto en la calidad de la educación impartida y no es justo negarles esa ventaja. Liberman, con toda su urgencia, propone la meta de conectar el 85% de los centros educativos a la Internet para el año 2014, demasiado tarde para buena parte de los actuales alumnos de segundo o tercer año de secundaria. Uno o dos años de atraso sucederían a cuenta prácticamente de toda la generación de colegiales matriculados en la actualidad y no pocos alumnos de primaria. Perdida la oportunidad, será difícil recuperarla, y eso llena de razón al Vicepresidente.
La brecha entre la educación pública y la privada crece vertiginosamente a medida que la segunda adopta las nuevas tecnologías, y la primera se ve obligada a conformarse con sus limitadas posibilidades. La Internet no cerrará la brecha, porque entre los dos sistemas existen muchos otros factores de diferenciación, pero, cuando menos, restringirá su expansión.
A la fecha, el Fondo podría ser más grande. Sus recursos ordinarios saldrán del pago del 1,5% de los ingresos brutos anuales de todas las empresas reguladas, incluido el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El lento proceso de apertura, todavía no culminado en su totalidad, impidió la recolección de cuantiosos ingresos, y el ICE, único operador autorizado hasta ahora, rehusó pagar argumentando dudas sobre la fecha del nacimiento de su obligación. En criterio de la institución, el canon solo puede ser aplicado a los ingresos generados después de marzo del 2010, cuando se le habilitó como operador en el nuevo marco jurídico de las telecomunicaciones. A ese efecto planteó una acción ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Además, el engorroso proceso de apertura dio al traste con la participación de varias firmas de telefonía en la competencia por adjudicarse una banda.
Hay motivos para creer que la participación de otras firmas inicialmente interesadas habría resultado en mejores ofertas y, quizá, se habría conseguido colocar la tercera banda ofrecida a los operadores privados. En ese caso, el ingreso extraordinario a punto de alcanzar las arcas de Fonatel pudo haber consistido en unos $100 millones adicionales, si no más.
Visto desde esta perspectiva, en el laberinto burocrático no solo se perdieron años de desarrollo de las telecomunicaciones nacionales, sino también una importante oportunidad educativa para quienes más la necesitan.
Ningún obstáculo debe prolongar, en adelante, esta injusticia, y esa es razón suficiente para atender el llamado del Vicepresidente.
