EscucharLa importancia de ampliar la carretera a Limón ha sido proclamada, una y otra vez, desde la administración anterior. Los debates fueron intensos hasta conseguir la aprobación legislativa del empréstito contratado con China. Hubo promesas de negociar, por el mismo precio, la solución de importantes deficiencias en lo pactado.
Viajes a China, declaraciones de la empresa CHEC sobre posibles aumentos en los costos, contradicciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, refrendo de la Contraloría General de la República, luego de solicitar datos adicionales, y, cuando el tortuoso camino parecía superado, a alguien se le ocurrió preguntar por la venia de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
A la fecha, el estudio de impacto ambiental ni siquiera ha sido presentado. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, promete tenerlo listo el 20 de junio y cree posible lograr el permiso de Setena en un mes. Expertos en la materia dudan de un trámite tan expedito. Están acostumbrados a esperar entre seis meses y un año. En el caso de una obra tan compleja como la ruta 32, no se declararían sorprendidos si la resolución de Setena tardara dos años, dada la probabilidad de objeciones de partes interesadas.
A partir de la aprobación de Setena, CHEC contará con ocho meses para el diseño. Una vez cerrada esa etapa, comenzará a correr el plazo de 34 meses para ejecutar la obra. Un atraso prolongado en Setena pondría en manos de los contratistas la posibilidad de alegar cláusulas previstas precisamente para esa eventualidad.
Aunque el ministro tenga razón y Setena acelere el proceso en virtud de la importancia de la obra, las preguntas sobre la inexplicable falta de planificación subsistirán. Villalta, recién llegado al despacho, rechaza toda responsabilidad por la grave omisión del trámite ante Setena. Tampoco sabe las razones y remite a “los responsables que, en su momento, tenía el gobierno manejando el tema”. Los responsables han cambiado, pero el gobierno es el mismo y tiene la obligación de ofrecerle al país explicaciones. Si no las tiene a mano, debe investigar para sentar responsabilidades, aunque solo sea en el ámbito político.
La vía conduce al puerto el 80% de las exportaciones costarricenses y su importancia aumentará en enero del 2018, cuando comiencen las operaciones del megapuerto de Moín. La comunidad limonense ha depositado esperanzas en la ejecución de la obra y los trámites marchan con atrasos que podrían encarecerla. No es poco lo que está en juego.
En parte, las dilaciones se deben a las críticas expresadas por funcionarios del gobierno actual a sus predecesores. Luego de descargar su enojo por las deficiencias del proyecto, decidieron seguir adelante, lo defendieron en el Congreso, donde meses antes lo habían atacado, y prometieron gestionarlo mejor. Ahora resulta que falta un requisito tan elemental como el trámite ante Setena.
El diputado Mario Redondo planea presentar un proyecto para sancionar con doce salarios base a los funcionarios responsables de atrasar una obra pública por impericia o negligencia. La ley exigiría identificar de previo a los responsables de cada etapa para luego saber a quién corresponde la responsabilidad. Pero las normas en vigor ya tienen remedios para este tipo de conductas. Ha faltado, una y otra vez, la voluntad necesaria para castigarlas y pedir en la vía judicial el resarcimiento de los daños causados por impericia o negligencia.
Sería bueno comenzar, en este caso, por exigir al gobierno una investigación exhaustiva para darle al país las explicaciones merecidas, incluida la individualización de responsabilidades. El caso no debe pasar, simplemente, como un ridículo más.
