EscucharLas mejoras de la justicia penal conspiran con las deficiencias subsistentes para abarrotar las cárceles costarricenses al punto de situarlas por fuera de los parámetros internacionales y también de los márgenes de sobrepoblación tolerados en el país. Los tribunales de flagrancia emiten condenas expeditas y el mismo efecto de celeridad tienen los juicios abreviados, pero los procesos seguidos por medios ordinarios son todavía lentos y la prisión preventiva aporta a las cárceles un 26% de su población.
Por otra parte, las penas alternativas a la privación de libertad no son aplicadas con tanta frecuencia como quisiera el Ministerio de Justicia, encargado de administrar las cárceles.
La suma de esos factores ejerce una presión insoportable sobre las instalaciones existentes. En San Carlos, la sobrepoblación alcanza el 49%; en San Sebastián, el 43,8%, y en Liberia, el 43%. Las cárceles de Limón, Pococí y Cartago están imposibilitadas, por orden judicial, de recibir más reos. En general, las prisiones del país tienen capacidad para 8.536 detenidos, pero albergan a 10.531.
En consecuencia, muchos presos carecen de cama y utilizan colchones traídos por amigos y familiares para dormir en los baños, pasadizos y debajo de los camarotes asignados a los más afortunados. Las condiciones hacen temer una tragedia en caso de siniestro, así como la difusión de enfermedades y el incremento de las tentativas de fuga. Esta última amenaza se ve agravada por la escasez de personal de seguridad, cuya proporción es de tres por cada cien reos. El país también se arriesga a pasar verguenza ante la comunidad internacional, vigilante del respeto a los derechos humanos.
Por su lado, las exigencias de la seguridad ciudadana no pueden ser satisfechas en ausencia de la infraestructura necesaria, y la sobrepoblación es tal que no hay garantía de condiciones idóneas aun con la mejora en los tiempos de resolución de los juicios y la más frecuente aplicación de medidas alternativas. Por el contrario, la situación podría empeorar si el Gobierno consigue aumentar la presencia policial en las calles.
El Ministerio de Justicia planea invertir lo suficiente para disminuir la tasa de hacinamiento al 5% en tres años. Liberia, San Carlos, Pérez Zeledón, Limón, San Rafael de Alajuela y Puntarenas pronto contarán con 700 plazas adicionales cuya construcción está avanzada y en el 2011 habrá una ampliación similar en San Sebastián y El Buen Pastor.
Los objetivos son ambiciosos y los recursos, escasos. Las proyecciones no podrían ser más ajustadas y hay factores capaces de descarrilarlas. Las consecuencias pueden ser lamentables. La cárcel no es la solución para todos los casos de delincuencia, pero las limitaciones de infraestructura no deben ser motivo para dejar de aplicar las penas realmente necesarias. En algunos países, los tribunales se han visto obligados a ejercer mayor liberalidad en las condenas para evitar la sobrepoblación penal.
El desarrollo de una infraestructura carcelaria suficiente, y también apta para dar a los reos un tratamiento humanitario, es parte integral de una política de seguridad ciudadana, materia en la cual la administración está debiendo, porque a siete meses de asumido el gobierno, todavía está por verse el plan comprensivo prometido en el plazo de cien días.
El planteamiento urge, porque a la fecha no existe una aproximación integral al problema. En la Asamblea Legislativa, la penalización de conductas hasta ahora exentas de ese tratamiento y la ampliación de los castigos carcelarios gozan de demasiada popularidad. La dotación de recursos al Ministerio de Justicia suscita mucho menos entusiasmo.
En la propia administración hay proclividad a echar mano de soluciones abusivas del derecho penal, como en el caso del Ministerio de Transportes y su afortunadamente fracasada idea de aplicar prisión a los infractores de ciertas normas comunes de la circulación vial, como el debido respeto a la doble línea amarilla, la prohibición de virar en U o la de rebasar en un puente. En esta materia, como en otras, el país está urgido de coherencia.
