EscucharLa epidemia de muertes en carretera, el costo en sufrimiento y recursos de las graves lesiones cuya atención es rutina, la pérdida de calidad de vida a manos de la contaminación sónica y del aire, el caos y los embotellamientos de tránsito evitables, junto con tantos otros males de nuestra selva vehicular, no ceden ante las campañas educativas y preventivas.
Tampoco son eficaces las severas sanciones aprobadas en los últimos años. El rigor de la ley no importa si la posibilidad de sufrirlo es mínima. La disuasión no es consecuencia de la severidad del castigo, sino de la certeza o alta probabilidad de sufrirlo. Por eso hemos insistido en la necesidad de aumentar el número de la Policía de Tránsito, sin dejar de incorporar a los agentes municipales y de la Fuerza Pública a las tareas de vigilancia vial.
La ley reparte el producto de las multas de tránsito entre la Cruz Roja, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Justicia y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), al cual le toca el 69%. Ese dinero se invierte, desde hace años, en campañas de educación y en programas de prevención de accidentes. Ninguna de esas iniciativas ha evitado la marcha ascendente de los accidentes de tránsito, convertidos en auténtica epidemia según los parámetros internacionales.
Los fondos, en cambio, no pueden ser empleados para contratar a un solo policía. La apuesta perdedora es a la formación de los conductores, no a la penalización de sus desmanes. Nunca es popular criticar los esfuerzos educativos, no importa cuál sea su ámbito, pero en el caso del tránsito, cuando menos se impone admitir su insuficiencia y, en vista de la tragedia vial costarricense, vale la pena intentar otras acciones.
Mientras lanzamos campañas para convencer a los conductores de respetar la ley, las Dirección General de la Policía de Tránsito apenas cuenta con unos 750 oficiales para atender tres turnos en todo el país. Al número se le deben restar los ausentes por vacaciones, incapacidades y otros motivos.
El dinero del Cosevi también puede ser utilizado para comprar equipos, pero el cuerpo policial está más necesitado de personal. Mario Calderón, director de la Policía de Tránsito, aspira a contratar otro millar de oficiales, pero a nadie se le ha ocurrido reformar la ley para permitir el reclutamiento que, a su vez, aumentaría la recaudación generada por las sanciones.
La ley ya prevé la entrega a las municipalidades del 40% de las multas recaudadas por los miembros de sus cuerpos policiales, además del ingreso a las arcas del Cosevi del 69% de los ingresos generados por la Policía de Tránsito. Ahora, Calderón propone una reforma para utilizar la cuarta parte del dinero girado a Cosevi en la contratación de oficiales, al ritmo de 60 por semestre.
La meta es modesta, tanto por la suma pretendida como por el número de oficiales a contratar cada año. Ojalá la Asamblea Legislativa consiga un plan más vigoroso, pero el planteamiento de Calderón cuenta con apoyo del propio Cosevi y el Ministerio de Hacienda se mostró interesado en promoverlo. El Congreso, donde la seguridad vial ha sido debatida intensamente durante años, probablemente vea el proyecto con buenos ojos.
Sobre la urgencia no cabe duda. Las muertes en las vías alcanzan la horrenda cifra de 13,9 por cada 100.000 habitantes, una epidemia según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra seguirá en aumento mientras no haya quien aplique la ley. Urgen los oficiales y el gobierno debe dar el primer paso, trasladando el proyecto de Calderón a conocimiento de la Asamblea Legislativa.
