EscucharLa importancia de la revisión a la baja del grado de inversión de Costa Rica, recientemente anunciada por Moody’s, así como las advertencias de otras agencias calificadoras, no debe ser minimizada. Primero, porque tiene un costo innegable. La baja en la calificación permite a algunos inversionistas exigir mayores tasas de interés e impide a otros destinar fondos a la compra de títulos nacionales.
Ver el aumento en términos de puntos base, sin considerar los montos a los cuales puede ser aplicado, conduce a error. La “pequeña” variación inicial representa millones cuya inversión en desarrollo podría satisfacer importantes necesidades. Por otra parte, no hay garantía de que los aumentos iniciales sean definitivos.
La segunda razón para enfrentar el problema con seriedad es lo que la recalificación dice del desequilibrio de las finanzas públicas. Disminuir la importancia de la opinión de las calificadoras, sin argumentos para señalarles error, es un paso por la senda de la negación. Los hechos, como muchas veces se ha dicho, son testarudos. Las consecuencias de esos hechos son también previsibles y no dependen del reconocimiento oficial de sus causas.
La reacción de las calificadoras a nuestra constante incapacidad de poner orden en las finanzas públicas se presta para un ejercicio de demagogia y nacionalismo malentendido. Para quienes así razonan, nada tienen que venir a decirnos unos señores encorbatados de Nueva York sobre el manejo de nuestros recursos. En efecto, estamos en libertad de manejarlos mal, pero ningún beneficio podemos esperar de esa absurda decisión soberana.
En suma, la negación del calibre del desequilibrio de las finanzas públicas no evitará sus consecuencias, no importa si la arropamos con la túnica del nacionalismo, con todo y la invocación del nombre de los próceres. Peor aún, cuando esa invocación se hace para sentar las bases de ataques que comparan al adversario político con los filibusteros del siglo antepasado.
El país debe estar prevenido contra esos discursos y recordar la experiencia de la negación de las realidades económicas en otros países del continente y el mundo. Hay graves peligros encerrados en la retórica hueca de quienes se apropian de los valores de la nacionalidad y las glorias históricas, no siempre relatadas con precisión y muchas veces desfiguradas para servir a causas cuya relación con los acontecimientos del pasado es difícil de hallar.
Las calificadoras de crédito analizan con objetividad las condiciones económicas de los países para dictaminar sobre el riesgo de invertir en ellos. Sus clientes no son los países calificados, sino los inversionistas. Las calificadoras están tan interesadas en identificar oportunidades como en prevenir sobre un incremento en el riesgo de invertir en un país determinado.
No siempre aciertan y en el sistema financiero internacional hay ejemplos de monumentales errores y omisiones, conducentes a serios perjuicios para la economía mundial. Las calificadoras desempeñaron un papel importante en la crisis de los créditos hipotecarios fallidos en el 2007 y 2008, que condujo a los Estados Unidos a la recesión y desencadenó la debacle financiera cuyas consecuencias perviven.
Pero, en términos del problema fiscal, desacreditar a las agencias es tan útil como los eslóganes inspirados en el nacionalismo. Los mercados no dejaron de atender sus criterios y los costarricenses no necesitamos de ellos para conocer las debilidades de nuestra economía. Ese es el problema de fondo y es preciso enfrentarlo con responsabilidad y realismo. El país debe mejorar los ingresos fiscales y controlar el gasto. Para saberlo, en efecto, no necesitamos una llamada de atención desde Nueva York.
