EscucharEl saqueo de las arcas públicas perpetrado por los profesionales liberales mediante la evasión de impuestos, no es noticia, pero en buena hora se ha convertido en tema recurrente. Insistir en la denuncia pública de esta injusticia es la mejor manera de impulsar los cambios requeridos para combatirla, tanto en la Administración Tributaria como en la Asamblea Legislativa.
La más reciente ola de indignación responde a un estudio de la Contraloría General de la República que fija en ¢35.574 anuales la contribución promedio de los profesionales liberales; es decir, los que prestan servicios sin relación de dependencia con sus clientes, como es el caso de muchos médicos, ingenieros y abogados, para citar tres ejemplos.
La mayoría de esos profesionales no pagaron un céntimo y el 1,4% de los declarantes aportó el 66% del total tributado. Es decir, un reducidísimo número de hombres y mujeres con verguenza aportó más de la mitad de la contribución total de los profesionales liberales al bienestar económico y social del país.
La Contraloría hizo un señalamiento similar en el 2006, cuando el 64,4% de los profesionales no declararon ingresos imponibles. El 35,1% restante sí declaró, pero el 94% de ellos pagó, en promedio, ¢25.684 por todo el año. Entre los que se sintieron obligados a declarar en el 2009, el pago promedio apenas ascendió a ¢17.000 por mes, cuando un asalariado incorporado a planilla con un sueldo de ¢834.000 no pudo evitar la rebaja de más de ¢20.000 mensuales.
Los evasores les están robando a las personas dignas de todos los estratos sociales, incluyendo a muchos costarricenses menos afortunados. Gran parte de ellos goza de una buena posición económica gracias a la educación pública, financiada con fondos provenientes de los impuestos. Manejan lujosos vehículos sobre carreteras construidas con el esfuerzo de los demás y amén de no pagar lo que les corresponde, se atreven a quejarse. Su cinismo no tiene paralelo y el Estado debe lidiar con ellos de manera correspondiente.
La verguenza –por lo menos la verguenza colectiva– no tiene efecto alguno. Las denuncias sobre la miserable contribución de los profesionales como categoría no aluden a ninguno en particular y, como está comprobado, no motivan al pago. La solución está en el castigo más severo y la verguenza individual.
La Dirección General de Tributación Directa debe lanzar un intenso programa de auditorías y hacer públicas las denuncias resultantes. No es posible auditar a todos los profesionales, pero la Administración Tibutaria sabe dónde están ubicados y dispone de medios para valorar si la declaración de impuestos compagina con el estilo de vida. La sanción ejemplarizante en un número relativamente bajo de casos infundirá temor en el resto, y si algunos deciden continuar por el sendero del robo, por lo menos tendrán dificultad para conciliar el sueño.
Tributación Directa dice haber conseguido una mejoría, y la Contraloría lo reconoce, mediante nuevos programas de fiscalización, como el “control preventivo”, consistente en informar al contribuyente sobre los datos con que cuenta Hacienda para desenmascarar una eventual irregularidad. Sin embargo, son pocas las sanciones impuestas en un país donde la evasión alcanza niveles tan extraordinarios.
El establecimiento del impuesto al valor agregado (IVA), entre cuyos fines está mejorar la fiscalización mediante la creación de una cadena de pagos sucesivos, podría también contribuir a mejorar la recaudación. Entre los contribuyentes individuales, los asalariados llevan a cuestas una parte desproporcionada de la carga de mantener al Estado cuando, en promedio, sus ingresos son menores que los de los profesionales liberales. Así ha sido a lo largo de décadas y es hora de corregirlo en nombre de las finanzas públicas y también del más elemental sentido de la justicia.
