Editorial

Producción agropecuaria

El elemento más controvertible del Plan Nacional de Desarrollo es pretender elevar a rango constitucional el concepto de la soberanía alimentaria, superado en todo el mundo

El capítulo quinto del Plan Nacional de Desarrollo (PND), intitulado “Desarrollo agropecuario y rural”, debe ser analizado y discutido públicamente con mayor profundidad de la que, hasta ahora, se le ha dispensado. Tiene aspectos interesantes y necesarios, pero, también, otros que suscitan gran controversia. Hay, en particular, un cambio del paradigma productivo tradicional hacia otro de mayor planificación estatal, con pretensiones de obligatoriedad, que probablemente se acerque más a una visión socialista de la producción.

Señala que es necesaria “una revisión de los marcos legales de tenencia de la tierra y su relación con las condiciones culturales de los territorios rurales”. ¿Pretende revivir la vieja y desacreditada idea de la reforma agraria en Costa Rica? Esperemos que no. Sería un grave desaliento a la inversión nacional y extranjera, de la cual dependen las principales fuentes de inversión y generación de empleos.

El principal reto de la agricultura nacional, según su visión, es lograr aumentos significativos en la productividad, utilizando la misma cantidad de tierras, con un empleo más eficiente del agua y otros recursos productivos. En eso tiene razón. Pero el reto se complica y puede volverse contradictorio, si no hay claridad sobre la “responsabilidad social y ambiental” exigible a los procesos productivos. Obligar, por ejemplo, a producir artículos mediante procesos orgánicos, sin pesticidas ni fertilizantes convencionales, redundaría en un incremento de costos y reducción de la producción, y encarecería los precios al consumidor, contradiciendo la pretensión de responsabilidad social.

Otro concepto muy controvertible en el PND es la denominada “seguridad alimentaria”, ampliada peligrosamente frente al concepto convencional avanzado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La seguridad alimentaria, definida por la OMS de manera inteligente y con el principal interés de la población consumidora en mente, es la capacidad de proveer productos alimentarios, agrícolas y de otra índole, en cantidades y calidades suficientes para satisfacer las necesidades de la población, ya sean producidos localmente o importados del exterior. Insertos en esa definición yacen fundamentos económicos importantes, como la libre competencia de productos locales con bienes foráneos, a menudo más baratos y de mejor calidad, para estimular la productividad y abaratamiento de precios y obligar al empresario nacional al mejoramiento continuo. Los principales beneficiarios son los consumidores, especialmente las grandes mayorías de menos recursos.

El PND, en cambio, agrega a la seguridad alimentaria otros conceptos que mutilan la definición de la OMS, en perjuicio de los consumidores. Confunde la “seguridad alimentaria” con la “soberanía alimentaria”, cuya principal connotación es el deber de producir localmente todo lo que comemos, renunciando a importar bienes más baratos. Esa nueva definición tendría un costo muy significativo para los más pobres, que se verían en la obligación de pagar precios mayores por la canasta básica. Se adereza la definición, además, con otros conceptos igualmente controvertibles, en términos de la eficiencia productiva. Se dice que “se deben ejecutar proyectos productivos agropecuarios con valor agregado dirigido a jóvenes rurales, hom bres y mujeres, de manera que la agricultura se vea como una actividad rentable, que mejora el nivel de vida de la población, para producir mayor arraigo en los territorios rurales. Para ello se deben ejecutar proyectos diferenciados y acciones específicas con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de los jóvenes rurales y los hogares jefeados por mujeres, considerados vulnerables, desde el punto de vista de la pobreza y la seguridad alimentaria y nutricional”. Todo esto podría tener cabida en un discurso de campaña, pero no en una programación seria a la hora de gobernar.

En aras de implementar la nueva definición de soberanía alimentaria, se pretende incrementar la producción local de granos y productos lácteos, y se establecen sendas metas de crecimiento de la producción. Independientemente de si los productores nacionales están en capacidad de responder a esas nuevas metas, existe el problema del proteccionismo en algunos sectores, como en el del arroz. ¿Se pretende incrementar la producción local mediante el establecimiento de nuevas formas de proteccionismo arancelario o financiero, con cargo al erario público o directamente a los consumidores? El Gobierno no ha resuelto aún si impondrá nuevos aranceles a la importación de granos, particularmente arroz, como desean los industriales de ese ramo, aspecto que difirió hasta marzo del año entrante.

El proteccionismo, sabemos, es una forma de garantizar la ineficiencia y retardos en la productividad. He ahí otra contradicción en el plan. Sin embargo, el elemento más controvertible es pretender elevar a rango constitucional el concepto de la soberanía alimentaria, superado en todo el mundo. Ni los países más socialistas se aferran a él.

Otro aspecto muy controvertible en el PND es su vocación de incrementar el gasto. Reclama en varias oportunidades la necesidad de dotar de mayores recursos al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para atender nuevas necesidades de las instituciones vinculadas con la asistencia técnica y demás erogaciones que demandaría la ampliada soberanía alimentaria. Con un presupuesto altamente deficitario, como el que recientemente se aprobó, reclamar mayores asignaciones en el futuro resulta totalmente fuera de lugar. En vista de lo anterior, lo procedente es provocar una discusión más activa del PND, no solo en cuanto a sus componentes agrícolas, sino a otras áreas igualmente controvertibles.