EscucharEl paternalismo es una pésima guía para el diseño e implementación de políticas públicas. Las razones son múltiples: subestima a sus posibles beneficiarios, reduce sus márgenes de iniciativa y responsabilidad, aumenta su dependencia y, así, a menudo hace crónicos los problemas que pretende solucionar. Pero suscita otro problema aún mayor: la frecuencia con que del paternalismo se pasa al clientelismo. Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido con el llamado Fideicomiso de Reconversión Productiva (FRP).
El último episodio lo dimos a conocer en nuestra edición del pasado jueves, y consiste en un proyecto de ley, impulsado por diputados del Partido Liberación Nacional, para condonar, de forma generalizada y sin que medie un análisis caso por caso, las deudas morosas de los agricultores participantes en ese esquema.
El costo de este regalo, para los contribuyentes y, por ende, para otros programas y sectores que podrían verse beneficiados de esos recursos, será de ¢3.000 millones, según estima el Consejo Nacional de Producción (CNP), aunque un cálculo de auditoría avalado por la Contraloría General de la República fija la suma en ¢5.000 millones.
El monto representa apenas el 20% del total de la cartera morosa de otro fondo, el Fideicomiso Agropecuario (Fidagro), valorado en ¢20.000 millones, que fue condonada mediante la Ley del Sistema de Banca de Desarrollo , en vigencia desde el 7 de mayo del pasado año. Según lo indica esa ley, tanto FRP como el Fidagro desaparecerán, pero, en lugar de que sus acreencias pasen al Sistema de Banca de Desarrollo, simplemente se perderán como humo.
La consecuencia de lo anterior es que se han acumulado, en perjuicio del fisco y de los contribuyentes –que somos quienes terminaremos pagando la cuenta– tres conjuntos de aberraciones: por un lado, inexplicables deficiencias en los procedimientos, debilidad en los controles y seguimiento nulo a la ejecución de los créditos iniciales; por otro, un virtual “premio” a los beneficiarios que incumplieron sus obligaciones; como consecuencia, la discriminación a favor de los morosos y contra quienes sí honraron sus pagos: un pésimo mensaje.
Por desgracia, no se trata de algo nuevo. Como uno de tantos antecedentes, aún más escandaloso, debemos recordar el Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas (FNCA), creado en 1983 para hacer frente a supuestas pérdidas como consecuencia de problemas climáticos. De forma muy alegre y sin verdaderos análisis de quiénes sí y quiénes no calificaban, el Fondo asumió las deudas de agricultores con los bancos; la corrupción fue generalizada, la mora se acumuló y el desenlace fue la generación de pérdidas por ¢2.700 millones de entonces.
En La Nación siempre hemos sido recelosos de los esquemas de subsidios a la producción. Aunque estén bien manejados, tienden a distorsionar la asignación eficiente. Sin embargo, reconocemos que, en circunstancias muy particulares –como, por ejemplo, catástrofes naturales– pueden justificarse. Pero una cosa es la conveniencia o no de subsidiar ciertas actividades, sean agrícolas o industriales, y otra hacerlo de forma descontrolada, irresponsable y sin un verdadero rendimiento de cuentas por parte de los beneficiarios.
Tal desorden es lo que ha ocurrido en los casos comentados. En ellos, primero hubo créditos a tasas preferenciales; ahora, condonaciones masivas. En ningún momento se utilizaron criterios o valoraciones realmente rigurosos para evaluar las situaciones. Es decir, se trató de un simple reparto para beneficiar a muy pocos, por el que la mayoría terminaremos pagando, pero, especialmente, los sectores más débiles de la sociedad.
De nuevo, la sucesión de paternalismo y clientelismo ha desnaturalizado totalmente las políticas públicas. En algún momento, y ante tantos escándalos previos, creímos que esta etapa había sido superada en nuestra política. Pero vemos, con preocupación, que se mantiene vigente, esta vez impulsada por el partido oficial.
