EscucharNuestra información del 18 de febrero pasado sobre el asesinato de cuatro menores de edad, en el lapso de 15 días, por aparente negligencia de las autoridades encargadas de protegerlas, en varias instancias oficiales, ha puesto de manifiesto que las normas legales en la materia no se cumplen y que se impone una intervención del PANI.
No basta argüir que los funcionarios no cumplieron con su deber. Tampoco cabe aducir que las leyes son omisas o insuficientes o echar mano de mil y un pretextos para no enfrentar los hechos con entereza, esto es, el asesinato de cuatro menores de edad que se pudo evitar. De nada sirven las leyes si estas no cobran vida en la conciencia y la voluntad de los funcionarios públicos encargados de aplicarlas. Y aplicarlas no quiere decir firmar un documento o emitir una orden, sino asegurarse de su cumplimiento cabal. Tampoco basta el cumplimiento en la primera etapa. En materia tan grave como la vida e integridad de las personas, en particular, de los menores, amenazados por un agresor doméstico o externo, el cumplimiento debe ser total y permanente.
Se trata de dos escenas mortales en dos lugares del país. La primera en Paquera, en Puntarenas, en la que el PANI recibió una denuncia anónima, el 30 de setiembre del 2009, sobre los abusos sexuales contra una niña de parte de un agresor. La madre enviaba a la niña a trabajar en la casa del victimario. Funcionarios del PANI interpusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público. La Fiscalía le solicitó a un equipo interdisciplinario del Poder Judicial una valoración de la menor, que se programó precisamente para el 24 de febrero. El PANI elaboró un plan integral para la niña, pero se la atendió una sola vez. No se dictaron a tiempo las medidas de protección respectiva, como trasladarla a un techo alternativo. La niña fue asesinada.
Destacamos dos datos: cinco meses entre la denuncia y la programación de una valoración personal. El PANI elaboró un plan, pero se la atendió una sola vez. Si esto no es negligencia, las palabras, y con ellas el respeto a la vida, han perdido todo sentido.
Segundo caso. El PANI recibió una denuncia anónima por negligencia de los padres el 16 de setiembre del 2008 en Goicoechea. Una funcionaria intentó hacer una visita a la casa de los niños, pero alegó que la dirección no era la correcta y no volvió por cuanto falleció. El PANI, entonces, abandonó el caso. Según un funcionario del PANI, la dirección era correcta y era posible llegar a la casa. Los funcionarios del PANI tenían la potestad de dictar las medidas de protección y separar a los niños de su hogar. Tres de los cuatro menores en peligro fueron envenados por su madre, junto con su esposo, el 6 de febrero pasado. Ella se suicidó. Téngase en cuenta que la denuncia anónima se había efectuado hacía un año y cinco meses. Si esto no es negligencia personal e institucional, las palabras y los valores humanos han perdido, entonces, todo su sentido.
No se requieren más comentarios. Los hechos son tan poderosos que, inevitablemente, conducen a formular una pregunta radical: ¿de qué sirve el PANI? ¿En qué abismo de burocracia y deshumanización ha caído? ¿Es esta una institución creada constitucionalmente para proteger a los niños de Costa Rica o para fingir que nos preocupan su vida y sus derechos, y así lavarnos la conciencia y decirle al mundo que nuestra legislación los ampara? En estos dos casos citados, la negligencia, el burocratismo y la ausencia total de seguimiento de las denuncias, hasta culminar con el asesinato, revelan un estado de postración en el PANI, desde las instancias superiores, directrices y ejecutivas, hasta los mandos medios, que exigen una intervención inmediata del Estado. Aún más, no entendemos por qué no se ha actuado.
