EscucharEl país se enrumba a un nuevo y, quizás, más peligroso desequilibrio macroeconómico. Pero, en vez de ser provocado por las políticas cambiaria y monetaria del Banco Central, como en los años 2007 y 2008, el desequilibrio se concentra en el creciente deterioro de las finanzas públicas del Gobierno Central y sus instituciones. Antes, la política fiscal compensaba con superávit el exceso del crédito y gasto total del sector privado frente al menor ingreso real de la economía. Pero ahora es al revés. Al Banco Central le toca contrarrestar el efecto expansivo del déficit fiscal en la demanda agregada. Se han invertido los papeles.
El deterioro de la situación fiscal viene por partida doble: reducción de ingresos ordinarios y aumento en los gastos corrientes. Como consecuencia, el ligero superávit observado al cierre del ejercicio fiscal anterior, del 0,2% del producto interno bruto (PIB), se convirtió en un déficit cercano al 4% del PIB previsto para el resto del año, con la amenaza de llegar a crecer aceleradamente y presionar el desempeño de las principales variables financieras.
Tal y como habíamos previsto en editoriales anteriores, el efecto de la crisis internacional y la recesión nacional –cuyo reconocimiento finalmente hicieron las autoridades– han presionado a la baja los ingresos ordinarios del Gobierno Central, al punto de que la tasa de crecimiento en la recaudación de impuestos ha caído visiblemente, según reportamos el viernes anterior. La variación de los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta cayó en el último semestre un 11% en términos reales. El impuesto sobre las ventas se comportó de manera similar pues descendió un 8%, al igual que los gravámenes recaudados en aduanas, cuya tasa de variación fue del 13% en ese mismo período. Como consecuencia, se esfumó el superávit fiscal observado desde el 2007.
Los gastos totales, en cambio, reaccionaron de manera inversa. Varió la tendencia descendente observada desde febrero del 2008 hasta noviembre de ese mismo año, para comenzar a crecer aceleradamente a partir de diciembre anterior, influidos por el crecimiento en las tasas de interés, el aumento en pensiones, sueldos y salarios, y otros giros a entidades públicas y privadas, incluyendo universidades, así como la inversión publica y los rubros previstos en el “Plan escudo”. Pero, según ha trascendido, los gastos podrían aumentar para paliar los efectos de la crisis y el inicio de la campaña electoral. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó recientemente el déficit del Gobierno Central en un 3,2% del PIB y el consolidado para todo el sector público del 4,1% del PIB. Nos enfilamos, sin duda, hacia un desequilibrio de grandes proporciones en el 2010 con efectos económicos bastante negativos.
El mayor déficit del Gobierno Central empujará hacia arriba las tasas de interés y afectará su eventual y necesaria reducción, habida cuenta de que las tasas reales de interés, medidas por la inflación esperada, son ahora muy elevadas por la reducción observada del índice de precios al consumidor (IPC). Y, desde luego, un nivel elevado en las tasas reales de interés afectará el mismo proceso de expansión del PIB, que es el factor más importante en la generación de ingresos fiscales. Y esa mala situación fiscal puede generar un círculo vicioso. Pero el déficit consolidado puede también provocar presiones en los precios pues afecta el costo de los servicios públicos, que se trasladan vía tarifas a los usuarios.
En general, un aumento del déficit fiscal tiende a expandir la demanda agregada, incrementar el déficit en la balanza de pagos y presionar el tipo de cambio y la inflación. En tales circunstancias, al Banco Central le correspondería implementar una política monetaria y cambiaria aún más restrictiva para evitar aumentos en la inflación por encima de los programados y asegurarse de que el desequilibrio macroeconómico proveniente de lo fiscal no afecte indebidamente las cuentas externas y el tipo de cambio. Pero, al actuar así, el propio Banco Central también pondría presión en las tasas de interés, en el nivel de crédito al sector privado, y afectaría el crecimiento de la producción y el empleo.
Como se puede apreciar, corregir un desequilibrio macroeconómico provocado por un desbalance fiscal no es fácil. Reducir el gasto en momentos de crisis y de campaña electoral tampoco es fácil, y aumentar impuestos deprimiría aún más la producción nacional. Por eso, es importante que el Gobierno y sus instituciones adquieran plena conciencia del problema y comiencen desde ahora a tomar las previsiones del caso, especialmente en lo relacionado con la necesidad de moderar el incremento en los gastos corrientes y otros similares de carácter recurrente, como las planillas, en vez de concentrarse en la inversión, como corresponde en épocas de crisis como esta. Después, podría ser muy tarde.
