El nombramiento, el martes, de David Cameron como Primer Ministro de Gran Bretaña, producto de una coalición entre su mayoritario partido Conservador y el minoritario Liberal Demócrata, marca un importante cambio en la política de su país. Sin temor a exagerar, puede decirse que estamos ante el inicio de una nueva era, en parte incierta, pero también abierta a la oportunidad de modernizar el ejercicio del poder en la más rancia democracia del mundo.
Con este nuevo gobierno, llegan a su fin 13 años de dominio laborista, que se iniciaron con un resonante triunfo en 1997, bajo el inspirador liderazgo de Tony Blair, pero que se agotaron producto de la crisis económica y la creciente impopularidad de su competente, pero adusto, sucesor, Gordon Brown. Se establece el primer gobierno de coalición desde la Segunda Guerra Mundial, entre dos agrupaciones y líderes que, hasta las elecciones del pasado jueves, intercambiaron fuertes críticas. El Liberal Demócrata, partido creado en 1988 por la unión del histórico partido Liberal con disidentes laboristas, llega por primera vez al poder, con 5 de 20 ministros. Y Cameron se convierte en el primer ministro más joven desde 1812.
Todo lo anterior ocurre en un período particularmente crítico para Gran Bretaña. “Ningún Gobierno en la época moderna ha recibido una herencia económica tan terrible”, dijo Cameron en su primera conferencia de prensa, junto a Gregg. Y tiene razón. Aunque existen indicios de que el país ha comenzado a salir de su aguda crisis económica, y que esta fue manejada competentemente por Brown, entre los principales costos de superarla está un descomunal déficit fiscal, que ya suma $240.000 millones y representa un 11 por ciento del producto interno bruto (PIB). La tarea central del nuevo gobierno será reducir esa carga. Al respecto, ya ha anunciado recortes presupuestarios inmediatos por alrededor de $10.000 millones e incrementos en algunos impuestos.
Los conservadores triunfaron en las elecciones del jueves anterior, pero con 306 de los 649 escaños no lograron mayoría, la cual conformarán con las 57 plazas liberales. El acuerdo de coalición, producto de este resultado, es un depurado ejemplo del “arte de lo posible” en política. Ambos partidos ceden en ciertos puntos, conceden en otros y, en conjunto, logran forjar un programa para gobernar durante los próximos cinco años. A la trascendencia histórica del pacto se une la voluntad de abrir el camino para una reforma electoral, que puede tener importantes repercusiones a largo plazo. Como nuevo viceprimer ministro, Clegg tendrá a su cargo la conducción de esa iniciativa.
Uno de sus componentes, que también dará estabilidad a la coalición, es un proyecto de ley para fijar en cinco años la duración del Parlamento, el cual solo podrá disolverse con anterioridad si el 55 por ciento de sus miembros así lo decide, contrario a la mayoría simple requerida hasta ahora. Además, se constituirá una comisión que definirá la vía para que la Cámara de los Lores deje de ser un cuerpo de integrantes vitalicios y se someta, total o parcialmente, al voto popular. Además, se ampliarán los mecanismos de control de los ciudadanos sobre sus representantes.
Pero la iniciativa que podría tener mayor trascendencia es la convocatoria a un referendo sobre reforma electoral integral, para modificar el actual sistema de “pluralidad simple”, que no reconoce la representación proporcional. En el acuerdo de coalición, los conservadores se comprometen a dar sus votos para convocar el plebiscito, pero no a defender el cambio en la campaña.
Como era de esperarse, los conservadores no cedieron en su escepticismo hacia la Unión Europea (UE): el nuevo gobierno se mantendrá fuera de la moneda común, y cualquier decisión que implique ceder poder a la UE requerirá un plebiscito. Aun así, es de esperar que los liberales puedan, al menos, moderar las tendencias aislacionistas, que no comparten. También hubo acuerdo en la política de defensa y en una amplia reforma al sistema bancario.
A partir de ahora, el nuevo gobierno deberá recorrer un difícil camino, no solo por la complejidad de los retos nacionales e internacionales, sino, también, por las lógicas tensiones de una coalición inédita. Sin embargo, además de “blindar” su permanencia por cinco años, la sensatez, flexibilidad y capacidad negociadora evidenciadas por el acuerdo auguran importantes avances, tanto en las urgencias coyunturales como en los cambios estructurales. Es un ejemplo de madurez política que los costarricenses debemos analizar con seriedad.