EscucharEl presidente Óscar Arias insiste sobre la convocatoria a una asamblea constituyente, justificada, a su criterio, por un exceso de controles administrativos que impiden al gobierno de turno materializar sus programas.
Quien escucha al Presidente, pensaría que el país está paralizado, pese a abundantes pruebas en contrario. El propio gobernante sabe encontrar la evidencia cuando se ve en el trance de defender su obra de gobierno. ¿Confesaría don Óscar que en su administración no hay logros? Si los hay, ¿cómo pudo conseguirlos en un país irremediablemente entrabado?
Quizá el mandatario considere que pudo hacer más y en eso difícilmente encontrará quien lo contradiga. La frustración por la obra inconclusa no es privativa de los gobernantes, pero las explicaciones son tan diversas como las opiniones sobre las reformas necesarias. La Contralora General de la República, por ejemplo, admite la existencia de excesos y desaciertos normativos que restan agilidad a los procesos de gestión, pero también señala el entorpecimiento atribuible a los vicios de origen en proyectos propuestos por el Poder Ejecutivo.
En el primer caso, la solución es legal, no constitucional. Convocar a una asamblea constituyente para solventar excesos creados por ley, es como matar un ratón a cañonazos y el daño colateral puede ser parecido. Nada garantiza a don Óscar que, una vez electa, la constituyente se dedique a la tarea que él piensa asignarle, en sí misma muy discutible, porque suena a la creación de una especie de presidencia imperial.
El segundo caso –los defectos de origen de los proyectos planteados por el Ejecutivo– es un área donde don Óscar pudo haber hecho mucho más, porque los ejemplos abundan. Sin embargo, el Poder Ejecutivo está ausente de la lista de instituciones acusadas por el Presidente de entrabar la buena gestión gubernamental.
El mandatario se refirió a la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa como entidades sospechosas de excederse en sus funciones y carecer de autocontrol. Para no dejar de lado ninguno de los frenos y contrapesos del Estado democrático, también aludió a la prensa.
En ausencia de esas instituciones, o en presencia de una versión disminuida, la labor del Ejecutivo sería menos compleja, pero también más propensa al abuso. La Nación aboga por los ajustes necesarios a los mecanismos de fiscalización de la labor gubernamental, pero comprende su importancia en el Estado de Derecho.
Preocupa, entonces, el limitadísimo alcance de la propuesta presidencial y su obsesiva insistencia en el tema de los mecanismos de control. El mandatario no propone una constituyente para revisar los fundamentos del Estado, crear un régimen parlamentario o remozar la estructura económica y productiva. Todas esas motivaciones serían discutibles, pero darían sentido a la propuesta de una constituyente. La preocupación del Presidente es mucho más estrecha y, en cuanto tiene de válida, es materia de reforma legal, no constitucional. Y si la Constitución exige ajustes, está abierto el camino de la reforma parcial que don Óscar, hace apenas unos meses, parecía suscribir.
Ese camino tiene la ventaja adicional de respetar el ejercicio presidencial de quien gane la máxima magistratura en las próximas elecciones, porque gobernar en medio de una constituyente es una receta segura para la parálisis del Ejecutivo, obligado a compartir el poder con quien domine la asamblea. Quizá sea también una receta para la parálisis del país como un todo, si se considera el elemento de incertidumbre que aleja la inversión y posterga proyectos de desarrollo.
La Presidencia tiene en sus manos la iniciativa de ley necesaria para encarar los excesos, pero renuncia a ella de entrada, “(…) porque los mismos cambios tienen que pasar por los controles mencionados”, según dijo el mandatario.
En el Estado ideal de don Óscar, según parece, los cambios podrían hacerse sin pasar por esos aros, tan firmemente asentados en la actualidad, que la única y dramática solución es una asamblea nacional constituyente. El planteamiento es inquietante. Lo que hoy exige borrón y cuenta nueva, mañana será posible, con mucha mayor celeridad, en virtud de los poderes entregados por la constituyente al Poder Ejecutivo.
El país no tiene por qué escoger entre ser una nación de emprendedores o una de contralores, como dijo el Presidente. Las dos categorías no se excluyen y más bien son complementarias.
