EscucharEn nuestra edición del domingo pasado se publica, en la página 6A, la foto de un niño tirado en la calle, sucio, descalzo, dormido, con ropas elementales, mientras se aferra a su juguete y, a la vez, mercancía. La foto se tomó en meses anteriores, pero el paso del tiempo no significa que la patología social descrita desapareció. Por el contrario, el problema subsiste.
En la administración de 1998 al 2002, se dio una directriz tajante: ningún niño drogado, mendigando o vendiendo mercancías en las calles. Aquello fue flor de un día. Una de las tantas promesas o de los buenos deseos formulados en los predios políticos o gubernamentales. Esta enfermedad social es honda y no se resuelve con una orden. Requiere un plan integral o, mejor, eficiente y concreto, pero no tan perfecto, como a veces se pregona, pues lo óptimo es enemigo de lo bueno y los grandes planes globales y maravillosos, como nos lo enseña la experiencia, suelen convertirse en el fácil pretexto de su irrealización.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) puso a andar, en setiembre del 2006, un plan orientado a atender a la población en estas condiciones. Su objetivo es rescatar, con un presupuesto de ¢1.000 millones, a 1.200 menores en cuatro años. Hasta hoy ha detectado a 840 de ellos viviendo o trabajando en las calles en condiciones de explotación o alta vulnerabilidad. La mayoría de ellos fueron internados en centros de desintoxicación o conducidos a residencias o centros no gubernamentales. Un porcentaje de ellos regresa, sin embargo, a las calles o rechaza cualquier ayuda. Los resultados, con todo, han sido positivos, según declaraciones de Marita Vargas, coordinadora de este proyecto. En septiembre pasado, el PANI inauguró el Centro de Encuentro para la Niñez y la Adolescencia en Calle, al costado norte de la Corte Suprema de Justicia.
Merece reconocimiento este esfuerzo del PANI, así como el proceso puesto en práctica, desde el Centro de Atención, donde se atiende inicialmente a los menores, pasando por el Programa Nuevos Horizontes de la CCSS hasta su traslado a una organización no gubernamental. Es preciso, sin embargo, darle más consistencia, recursos técnicos y financieros, a este programa, entre el Estado y la sociedad civil, a fin de que sea estable y no esté sujeto a los vaivenes políticos o a las congojas financieras, que lo son no por carencia de recursos propiamente, sino porque una cuestión capital, como esta, no ha permeado la acción de las instituciones públicas ni de los funcionarios.
La calidad de una sociedad humana se mide por su respeto a los niños. El respeto, sin embargo, no se acantona en lo retórico o en los buenos sentimientos. Debe expresarse en la atención real al niño, desde la satisfacción de sus necesidades elementales de nutrición, vivienda, amor, hasta la seguridad personal, el ambiente familiar o su sustituto, y la educación. Al PANI corresponde por mandato constitucional coordinar la acción gubernamental en este campo, una de las más importantes en la estructura del Estado.
Ningún Gobierno ha cumplido, ni siquiera aproximadamente, este imperativo histórico que, conforme pasa el tiempo y a la vista de los enormes desafíos actuales, se torna más urgente. Nada es más productivo para una sociedad que tenderles la mano a los niños en riesgo, un campo en que el Estado y la sociedad civil pueden realizar, de consuno, una labor admirable. El país posee medios suficientes para alcanzar esta meta, sustento del desarrollo humano sostenible.
