EscucharLos maestros afiliados a organizaciones sindicales disfrutan, cada año, de cinco días de permiso con goce de salario para asistir a congresos profesionales. Es un derecho del que se abusa. Muchos afiliados a las organizaciones magisteriales emplean el tiempo como si se tratara de vacaciones, permanecen en casa o asisten a lugares de recreación.
El derecho, como es obvio, pertenece únicamente a los agremiados y su sola finalidad es permitir la asistencia al congreso, en cumplimiento de los convenios internacionales que tutelan el ejercicio de las libertades sindicales. Cualquier otro empleo del tiempo es una conducta engañosa y un mal uso de los fondos públicos utilizados para financiar el goce de salario por la duración del permiso.
En consecuencia, el Ministerio de Educación Pública (MEP) solicitó a las organizaciones magisteriales acreditar y certificar la asistencia de sus afiliados a los congresos. El resultado del procedimiento sería un sencillo documento con propósitos idénticos al comprobante de una cita médica, para poner un ejemplo.
La petición es razonable y acorde con la obligación del MEP, y de cualquier otra institución pública, de velar por el buen uso de los recursos puestos a su disposición. Por eso sorprende la actitud asumida por las organizaciones gremiales, vehementemente opuestas a emitir las certificaciones.
A primera vista, parece obvia la coincidencia entre el interés del MEP por acreditar la asistencia del educador y el presumible interés de los sindicatos por contar con amplísima asistencia a sus congresos. Quien no esté afiliado, no gozará de los cinco días de permiso y tampoco lo hará el afiliado que deje de asistir. El permiso dependerá del documento emitido por la organización gremial y así se convertirá en un estímulo para la participación.
Los congresos de las organizaciones magisteriales se han distinguido por atraer una asistencia minoritaria. El desinterés de la mayoría de los afiliados es evidente, y quizá las organizaciones teman la desafiliación si desaparecen los cinco días “libres” otorgados cada año a tan apáticos agremiados.
En cualquier caso, las organizaciones no profundizan en las razones de su rebeldía. Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), se limita a decir que al MEP no le corresponde fiscalizar la participación, y el intento de hacerlo es una inaceptable intromisión en asuntos propios del gremio. Beatriz Ferreto, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), se pronuncia en el mismo sentido.
El argumento carece de toda base. El MEP es el patrono de los educadores agremiados y no deja de serlo por la celebración de los congresos. Le compete y está obligado a cerciorarse del buen uso del tiempo concedido con goce de salarios pagados por el erario público. Si un educador utiliza el permiso para irse de vacaciones, engaña al patrono, en este caso el MEP, cuyo derecho a comprobar el buen uso de la licencia es el mismo de cualquier patrono a constatar la asistencia a una cita médica, para insistir en el ejemplo.
La jurisprudencia administrativa del Ministerio de Trabajo es inequívoca al afirmar que los permisos concedidos para actividades sindicales no pueden ser utilizados con otros fines, y “el patrono de manera unilateral sí puede ejercer algún mecanismo de control sobre el tiempo remunerado que se otorga a los dirigentes sindicales, pero teniendo el cuidado de no llegar a atentar contra el ejercicio de la libertad sindical”. Los beneficiarios, por su parte, “deben cumplir a cabalidad los términos bajo los cuales se les concedieron los permisos”.
El MEP no debe ceder en su decisión, no solo por ser razonable y estar dentro de sus potestades, sino también para honrar su obligación de velar por el uso de los fondos públicos puestos bajo su control por la sociedad costarricense, tan urgida del gasto eficaz en el ámbito de la educación.
