EscucharRamón Fonseca y Jurgen Mossack, fundadores del bufete Mossack y Fonseca, fuente de los “papeles de Panamá” y centro del escándalo de evasión fiscal y lavado de dinero que sacudió al mundo el año pasado, fueron arrestados la noche del jueves 9 de febrero, en la capital panameña, en conexión con otro caso: los sobornos de la firma brasileña Odebrecht para ganar contratos de obra pública en varios países del continente. Al día siguiente, La Nación no publicó la noticia.
El lunes 13, la diputada Carmen Quesada, cuyo más reciente motivo de enojo con La Nación es la denuncia del cuestionado despido de una funcionaria en periodo de lactancia, preguntó al presidente ejecutivo de Grupo Nación por qué el diario no había dado a conocer la detención. El compareciente respondió que eso se le debe preguntar al director del periódico, porque la administración no interviene en las decisiones editoriales.
Implícita en la pregunta está la insinuación de que La Nación oculta algo en relación con Mossack y Fonseca. Así se construyen las teorías de la conspiración para dañar reputaciones y cobrar venganzas políticas. Por fortuna, el caso de marras es particularmente torpe.
Para comenzar, otros medios nacionales tampoco publicaron la noticia. Un diario la recogió hasta el domingo 12, en una nota de cinco párrafos, publicada sin mayor despliegue en las páginas interiores. Además, La Nación publicó, en el momento del escándalo de los papeles de Panamá, una treintena de notas sobre el caso. El 5 de abril del 2016, por ejemplo, dio cuenta de los famosos clientes del bufete en todo el mundo y del uso de los servicios de la firma “para enturbiar la ruta del dinero”.
La misma nota trae datos biográficos de los fundadores del bufete, incluidas referencias al pasado nazi del padre de Mossack y la obligada renuncia de Fonseca a su cargo de ministro consejero en el gobierno panameño. Si en su momento el diario publicó esa información, ¿qué motivo podría tener, pasado un año, para no dar cuenta de la detención de los dos abogados en relación con un caso sin repercusiones en Costa Rica? ¿Por qué peca La Nación pero no pecan los demás medios donde no apareció la noticia o se publicó, tardíamente, en espacios discretos?
La pregunta de la diputada ignora las publicaciones anteriores de La Nación, hechas cuando eran pertinentes para Costa Rica porque se debatían las repercusiones locales de los “papeles de Panamá”. Pero la más grave falla de la teoría de la conspiración no está en el desmentido que ofrecen las publicaciones anteriores ni en el reclamo de la omisión sin fijarse en la poca importancia prestada a la noticia por otros medios. La falla insalvable es la falta de motivo. ¿Para qué ocultaría este diario el arresto de los abogados panameños en conexión con un escándalo que se desarrolla en el extranjero, cuando ya hizo referencia, en el momento oportuno, hasta a los antecedentes de nazismo?
El motivo no existe. El presidente ejecutivo de La Nación fue llamado a comparecer ante los diputados con la excusa de que su nombre fue mencionado en versiones periodísticas de los “papeles de Panamá”, pero está demostrado, hasta la saciedad, que no hubo irregularidad alguna en el caso con el cual fue vinculado. El ejecutivo invirtió en un fondo de desarrollo inmobiliario cuyos administradores decidieron después trasladarlo a Panamá por falta de regulación idónea en Costa Rica. Los mismos administradores lo trajeron de vuelta apenas se dictó un marco jurídico apropiado en nuestro país. Imposible que haya habido evasión alguna o siquiera propósito de evadir.
Con la misma excusa la comisión legislativa llamó a Carlos González, directivo de La Nación . Su nombre fue citado porque utilizó los servicios de Mossack y Fonseca para crear una compañía local en Panamá, no una offshore, y porque consultó sobre la creación de otra que ni siquiera fue fundada. La sociedad inscrita nunca operó. En ambos casos, amén de no haber ilegalidad alguna, no existe siquiera motivo para un reproche moral.
Miembros de la comisión han declarado que seguramente no citarán a más empresarios, solo a los dos de La Nación, que no han sido acusados de irregularidad alguna en relación con el objeto de investigación de la comisión y más bien han demostrado la legalidad de sus actuaciones. Tampoco se le pregunta a otros medios por qué no publicaron o destacaron la noticia del arresto de Mossack y Fonseca. Las insinuaciones sin fundamento solo se formulan en relación con La Nación.
El presidente ejecutivo asistió sin abogado, contestó a todas las interrogantes, sin invocar el derecho a abstenerse, pero apenas hubo una pregunta sobre los “papeles de Panamá”. En cambio, de la comparecencia salió la nueva insinuación sobre las publicaciones.
Es hora de que cesen las insinuaciones y las teorías de la conspiración. El Ministerio de Hacienda ya ha invertido un año en la investigación, para la cual se dispusieron ¢115 millones en el presupuesto nacional. Después de tanto tiempo y esfuerzo, cuando menos, debería poder decir que un empresario no comete evasión cuando funda una sociedad en otro país.
Hacienda ha dicho categóricamente que a primera vista los informes periodísticos de los “papeles de Panamá” citaron casos donde no hay ilegalidad alguna. Desgraciadamente, no ha dicho cuáles. Más bien anunció una investigación, sin excluir a nadie, y así permitió que las insinuaciones mantuvieran vigencia.
Por su papel en la vida nacional, La Nación es un blanco evidente. Por eso es la primera interesada en poner fin a las insinuaciones. Este diario ha insistido en preguntar a Hacienda sobre los resultados de la investigación y si alguna de las empresas y personas inicialmente citadas quedaron fuera de las pesquisas. Pasa el tiempo y no hay respuesta. En este acto, La Nación se compromete a publicar las conclusiones del Ministerio, con el destaque que ameriten, especialmente si atribuyen una irregularidad a los directivos de Grupo Nación citados por los diputados. Es hora de que Hacienda se pronuncie, limpie el nombre de quienes lo merecen y acuse a los responsables, si los hay. Si falta desarrollar más las pesquisas, al menos debería excluir los casos de evidente apego a la legalidad. Sobre el gobierno pesa esa obligación moral.
Dicho lo anterior, vale la pena relatar por qué no se publicó en La Nación la noticia del arresto. Ese día, los editores escogieron informar del congelamiento judicial del decreto migratorio de Donald Trump, la admisión del Papa sobre la existencia de corrupción en el Vaticano, nuevas medidas contra el terrorismo en Francia, la orden de captura contra el expresidente Toledo y la pugna entre la oposición y el gobierno por la inscripción de partidos en Venezuela. Los editores encargados hacen esa selección según su criterio, con amplia autonomía, sin obligación de consultar al director a cada paso y mucho menos a la presidencia ejecutiva, que no tiene injerencia alguna en el contenido. El director se enteró del arresto de los abogados panameños el martes, cuando el Semanario Universidad llamó para hacer eco de las insinuaciones de la diputada.
