EscucharDurante la reciente conmemoración del cincuentenario del Hospital Nacional de Niños (HNN), volvió a clamarse por la escandalosa cantidad y gravedad de casos de agresión infantil que registra la institución. Este fenómeno no es totalmente nuevo en Costa Rica, ya que desde hace una década se viene incrementando y, en el 2010, el Ministerio de Salud lo calificó de epidemia, sin que el Estado y la sociedad hayan reaccionado de la misma forma en que lo exige un flagelo de esta magnitud.
Las estadísticas de maltrato crecieron en un 189% entre el 2006 y el 2012, cuando el HNN pasó de atender menos de cinco niños al día a entre siete y ocho, como ocurre en la actualidad. Una vez a la semana, ingresa un paciente con lesiones tan graves que ponen en riesgo su vida, y muchos de ellos sufren secuelas permanentes que afectan el sistema nervioso central. En los últimos años, la tasa de mortalidad por esta causa se ha cuadruplicado y sigue en aumento.
A la luz de estas cifras, es evidente que las campañas de prevención no han surtido efecto y que es indispensable pasar de la indignación a una respuesta decidida y coordinada. Según los especialistas, la verdadera dimensión del problema es mucho peor, pues apenas se denuncia o se atiende un 10% de los maltratos. Cuando los casos llegan al centro médico es porque se ha dado una larga situación de abuso contra el menor que las instituciones públicas han sido incapaces de detectar y prevenir.
Si bien se está ante un fenómeno social complejo, como el de la descomposición familiar, es necesario reiterar que esta epidemia también es el resultado de un ineficiente sistema de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, totalmente colapsado por las necesidades actuales, y que con frecuencia es burocrático y con escasas herramientas legales y económicas.
El recurso de amparo que planteó hace un año la Defensoría de los Habitantes, y que fue acogido para su estudio por la Sala IV, reclamó que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dotara de más personal al servicio de Trabajo Social del HNN para atender adecuadamente a los más de 2000 menores que recibe por año el centro médico. La labor de este departamento, que solo cuenta con 13 profesionales desde hace una década, es esencial porque un 60% de sus pacientes son crónicos y experimentan numerosos abusos de forma cíclica por parte de sus progenitores y parientes cercanos.
Pero, como se dijo, los casos que llegan al HNN, aunque sean los más dramáticos, son la punta visible de un problema de enormes proporciones que ha crecido gracias a la desigualdad social y la desatención de las entidades públicas. En el país hay más de una decena de instituciones que deberían actuar de forma coordinada a favor de la niñez y la adolescencia, y que en la práctica carecen de un plan de acción para prevenir el maltrato infantil.
Como lo declaró en el 2010 Mauricio Medrano, entonces gerente técnico del Patronato Nacional de la Infancia (PANI): “La CCSS es 45 veces más grande que el PANI; el Ministerio de Seguridad, 14 veces; el Poder Judicial, diez veces y el Ministerio de Salud, cinco veces. Hay más guardaparques en este país cuidando animalitos y arbolitos que funcionarios del PANI protegiendo niños. Aquí es donde uno cuestiona cuáles son las prioridades del país”.
Ya han pasado cuatro años desde aquellas palabras y es muy poco lo que se ha hecho, más allá de la indignación, para alejar a la niñez costarricense del horror de la violencia, de la negligencia familiar y del abuso psicológico, físico y sexual. ¿Cuántos menores más deben morir en el HNN para que el país reaccione?
