Editorial: Justicia ¿pronta y cumplida?

A dicho poder, la Constitución le asigna la trascendental función de conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, entre otras, y resolver definitivamente sobre ellas, de manera que a todos se les haga justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

Además, desde la creación de la sala especializada en la materia, a aquel se le ha encomendado ejercer un efectivo control constitucional sobre las leyes y demás actuaciones irregulares del poder público. Es decir, al Poder Judicial le corresponde garantizar que tanto la Administración Pública como los particulares se sujeten estrictamente al bloque de legalidad y esto permita la convivencia armoniosa entre la ciudadanía, sabiendo todos que siempre deberán cumplir con sus obligaciones y que sus derechos serán siempre respetados.

Por tal razón, vemos con inquietud el deterioro paulatino pero sostenido que ha venido sufriendo el funcionamiento de dicho poder durante los últimos años. A la legendaria mora judicial, se suman ahora errores garrafales de fiscales y jueces, frecuentes denuncias de corrupción, y cuestionamientos a la calidad de las sentencias en todas las instancias. Aunque los atrasos y fallas en sede penal captan la mayor atención del público, lo cierto es que dichas anomalías se extienden a todas las otras jurisdicciones, y todo esto sucede ante la mirada impasible de su jerarquía. Es hora de que la Corte Suprema reaccione con fuerza, tome cartas en el asunto, y lidere un serio proceso de renovación y reforma para restaurar la majestad de la justicia.

Nada debe quedar fuera de tan importante discusión, tanto para reafirmar lo que merezca permanecer igual como para reforzar las áreas donde haya debilidades o cambiar lo que se requiera. La agenda es amplia y compleja y debe incluir cuestiones tan esenciales como la estabilidad financiera de la institución, la forma en que se escogen y se reeligen los magistrados y jueces, los períodos de sus nombramientos, la capacitación debida de los funcionarios judiciales y su evaluación, la separación o no del tribunal constitucional, la agilidad de los procesos judiciales y su automatización, el papel de la Fiscalía y las defensas pública y social, y el funcionamiento de la inspección judicial, entre muchos otros que demandan especial atención.

Otras entidades deben también contribuir en el proceso, como las universidades –públicas y privadas– y el Colegio de Abogados; las primeras, por ser las entidades encargadas de la formación de los juristas que luego ocuparán la judicatura; el segundo, por ser el responsable del escrutinio para su incorporación y la supervisión de sus agremiados. Los litigantes, demás usuarios del sistema y los otros poderes también pueden aportar sugerencias y recomendaciones de valía.

No se trata de lanzar ataques a diestra y siniestra sin ningún afán constructivo, ni de socavar la independencia del Poder Judicial o pretender atribuirle injustamente responsabilidades que no le tocan, sino de reconocer que la Costa Rica actual es muy diferente a la del siglo pasado, que lo que hoy tenemos está haciendo aguas, y que esta nueva realidad exige su revisión profunda con el objetivo de que la ciudadanía mantenga su confianza en el sistema.

Si los conflictos no son resueltos con celeridad, si los malhechores no son sancionados como es debido y oportunamente, o si las autoridades abusan del poder impunemente, se pierde la necesaria confianza y credibilidad y, con ello, perdemos todos, porque un Estado de derecho sólido exige un Poder Judicial fuerte, independiente y, sobre todo, efectivo.