Intervenir las cárceles juveniles

Si bien el hacinamiento, la sobrepoblación, las luchas de poder, la violencia intracarcelaria y el irrespeto a los derechos fundamentales se han vuelto sinónimos del sistema penitenciario nacional, estas características deberían ser intolerables cuando se trata de la población más vulnerable: los niños y adolescentes. La conversión de dichas instituciones en “escuelas del crimen”, para decirlo en términos populares, lo único que hace es contribuir al crecimiento exponencial del problema.

Desde estas mismas páginas, la especialista Etty Kaufmann relató los casos de José y Robinson, quienes viven “como animales, encerrados” en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en Santo Domingo de Heredia, sin posibilidades de resocialización y formación. Su testimonio, ya de por sí sobrecogedor, confirma las conclusiones del informe “Las manifestaciones de la violencia intracarcelaria en los centros penitenciarios del Programa Penal Juvenil”.

El Centro Zurquí, técnicamente reservado para menores de 17 años, cuadruplicó su población del 2009 al 2013 y presenta un exceso de casi un 100%. Una de las mayores preocupaciones de la Defensoría de los Habitantes es que, debido a la crisis del sistema penitenciario, la cárcel está “tomada” por las exigencias de los privados de libertad mayores, que no caben en el Centro de Atención Especial al Adulto Joven y que imponen su ley.

Como declaró José, un niño de 12 años a quien su pandilla lo obligó a asesinar a un adulto mayor: “¿Vio dónde nos tienen, seño ? Somos los más chiquitillos de aquí y nos tienen aquí encerrados. Sin baño, sin salir a ver la luz. Solo una hora a la semana nos sacan. Dicen que es culpa de que está muy lleno aquí y, como somos los menores, nos tienen aquí porque tienen miedo de que los grandes, ya sabe, ¿no? Pero ¿vio usted? ¿Vio? En el peor sitio, a nadie le importamos”.

Las condiciones de hacinamiento y el escaso acceso a derechos básicos como la educación, la salud, el trabajo y la recreación hacen que se imponga la ley del más fuerte por medio de la violencia. “Todos andamos armados. Cualquier problema y ya nos agarramos con lo que tenemos a mano. Arrancamos varilla de la pared, tubos del baño…”, como dice uno de los testimonios.

Tanto la magistrada Doris Arias, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de la Población Penal Juvenil, como la Defensoría de los Habitantes han mostrado su preocupación al constatar que módulos construidos para 27 personas albergan a 54 privados de libertad, muchos de ellos tendidos en el suelo. En dormitorios de 4 metros de ancho por 5 metros de largo habitan 11 jóvenes, los cuales solo pueden tomar el sol tres o cuatro veces a la semana, durante una hora.

Bajo estas condiciones, que se agravan en otras cárceles, es absurdo pretender la reinserción social de la población penal adulta. Sin embargo, lo más preocupante es que el sistema penitenciario condena a una generación de niños y adolescentes a ser criminales de por vida. Y a hacerlo con una creciente dosis de violencia. Las luchas entre pandillas, los conflictos de poder y el tráfico de drogas, armas y zonas de influencia han convertido a nuestras cárceles en bombas de tiempo que estallan poco a poco, en la manera en que se enseñan contra los más débiles, y que pueden a llegar a estallar al unísono, si no se actúa con resolución.

Como lo exige el informe de la Defensoría de los Habitantes y numerosos especialistas, es urgente que el Ministerio de Justicia y Paz actúe en beneficio de la población más vulnerable, que sufre cotidianamente la violación de sus derechos, y ponga restricciones a la nociva convivencia entre menores de edad y adultos jóvenes. Sin embargo, la crisis penitenciaria es un problema nacional, de máxima prioridad, que involucra también al Poder Judicial, y que debe ser atacado desde una perspectiva integral.