Los accidentes que involucran materiales peligrosos son comunes. En los primeros cinco meses de este año hubo 1.813. Entre ellos, los peores son las colisiones y los vuelcos de camiones utilizados para transportar cargas riesgosas. En esos casos, los socorristas enfrentan un problema adicional, relacionado con el más imperdonable irrespeto a la ley y una absoluta indiferencia ante la seguridad de los demás. Cuando se presentan en el lugar del accidente, los cuerpos especializados no saben cómo reaccionar porque los vehículos carecen de la rotulación exigida por las normas en vigor.
A menudo, dice el Cuerpo de Bomberos, las calcomanías indican un material, pero el vehículo transporta otro y los conductores “rara vez” portan la ficha de emergencia, un documento donde constan las características de la carga y el procedimiento en caso de un accidente.
La falta de información pone en riesgo la vida de los socorristas, de quienes transitan por calles y carreteras, así como de los vecinos de la zona donde ocurre un accidente. “Abrir un contenedor es abrir una caja de Pandora. Uno nunca sabe qué se va a topar”, dice Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos.
Si a esas circunstancias se suma la obsolescencia de buena parte de la flotilla dedicada al transporte de materiales peligrosos, la posibilidad de repetir las tragedias sucedidas en el pasado son muchas. Dados los riesgos de la actividad, los camiones cisterna no deberían sobrepasar una década de uso, pero en Costa Rica la antigüedad promedio de los vehículos de este tipo es de 25 años.
El Ministerio de Salud regula la actividad, pero las inspecciones en las vías son responsabilidad de la Policía de Tránsito cuyo director, Mario Calderón, dice carecer de los recursos necesarios para ejercer un control adecuado. Hay un faltante de mil oficiales, según las reiteradas advertencias de ese cuerpo policial.
Así se explica, también, el fracaso de la cacareada Ley de Tránsito, objeto de un intenso y prolongado debate nacional. Las severas multas previstas por la reforma aprobada en el 2012 apenas consiguieron moderar a los conductores durante unos meses, mientras constataban la baja posibilidad de ser multados. A falta de vigilancia, de poco valen las elevadas sanciones.
Un reciente informe de la Sección de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio cuenta del bajo impacto de las nuevas regulaciones sobre los accidentes de tránsito. Según los autores, el país necesita un cambio de cultura mediante la educación. Bien puede ser, pero el medio más rápido y seguro para lograr el cambio es la aplicación de la ley. Los criminólogos coinciden, desde hace mucho tiempo, en que la severidad del castigo es menos importante que la certeza de recibirlo. La letra de la ley no modifica por sí misma las conductas.
Es necesario fortalecer a la Policía de Tránsito. Si no tiene lo necesario para impedir siquiera la circulación irregular, a vista y paciencia de todos, de enormes vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos, mucho menos puede esperarse una buena atención de otras faltas. También es preciso aprovechar la posibilidad ofrecida por la ley del 2012 para incorporar a la Fuerza Pública y a las policías municipales a la vigilancia del tránsito. Hay planes para lograrlo. Los ministerios de Seguridad Pública y Obras Públicas y Transportes han venido elaborando un acuerdo y en algunos cantones la policía local ya participa de esas labores con éxito, pero el progreso ha sido lento si se le mide contra los riesgos existentes en las vías nacionales y la persistente estadística de muertes ocurridas año con año.
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