EscucharEn medio de la larga polémica sobre la ley de tránsito y la severidad de sus sanciones, nuestros editoriales señalaron una realidad establecida hace mucho tiempo por los criminólogos: el rigor del castigo importa menos que la certeza de ser castigado. En ausencia de un fortalecimiento de la vigilancia, vaticinamos poco éxito para las nuevas y estrictas sanciones.
El tiempo dio la razón a aquellos pronósticos. El número de muertes causadas por accidentes de tránsito aumenta cada año y no parece haber forma de evitarlo. Muchos conductores ostentan públicamente conductas ilícitas, como la alteración de motores y tubos de escape, precisamente para hacer ruidos prohibidos por ley. El público puede atestiguar, en cualquier esquina, la contribución de las maniobras ilegales al congestionamiento vial. La más notable y frecuente es la del conductor estacionado bajo el semáforo para congelar la intersección.
En suma, en nuestras calles y carreteras impera el caos y no por falta de leyes o sanciones severas. En el 2011, los accidentes cobraron 289 vidas. Al 10 de diciembre de este año, con los días festivos todavía por delante, ya había 411 fallecidos. El parque vehicular ha crecido en los últimos cinco años, pero no tanto como para explicar un aumento del 40% en las muertes. Una comparación más próxima en el tiempo es igualmente reveladora. El año pasado hubo 398 muertes y el 2016, es casi seguro, cerrará con varias decenas más.
Es una tentación decir que la ley de tránsito fracasó, pero la afirmación sería incorrecta. Fracasaron las pretensiones de resolver el problema con un texto legal. Lo mismo sucede en otros ámbitos del quehacer nacional. Hay una convicción, obstinada frente a la evidencia en contrario, de que los problemas desaparecen cuando la ley lo ordena.
La ley de tránsito tiene defectos y omisiones, pero el fracaso evidente en los resultados no es consecuencia del texto, sino de su falta de aplicación. Los conductores costarricenses tienen tan clara la severidad de las sanciones como la ínfima probabilidad de sufrirlas. En la calle de cemento detrás del Museo de los Niños hay una entrada de una sola vía. No puede ser utilizada por quienes circulan por la calle principal para salir de ella, pero cientos de conductores arriesgan su vida y la ajena a diario, a plena luz del día y sin ningún temor. En San José, entre 4 y 6 de la tarde, no hay un semáforo incapaz de agotar una libreta de multas con solo sancionar a los conductores atravesados en la bocacalle.
Los ejemplos son infinitos, pero la vigilancia es escasa y los procedimientos para la definitiva recolección de la multa ofrecen múltiples posibilidades de burlarla. La Policía de Tránsito solo dispone de 763 oficiales para vigilar, en tres turnos, toda la red vial del país. Los oficiales, como cualquier otro trabajador, toman vacaciones, sufren incapacidades y atienden accidentes, algunos de poca importancia, pero todos consumidores de tiempo. El faltante de oficiales se calcula en 1.165.
Entre las 6 p. m. y las 6 a. m. las vías quedan desprotegidas casi por completo. A esas horas se producen flagrantes violaciones a la ley de tránsito, como las carreras ilegales, y el 63% de las muertes en carretera.
El equipamiento de los policías tampoco es idóneo y no hace mucho informamos de la decisión de quince de ellos de sacar dinero de sus bolsillos para comprar cámaras, por motivos de seguridad y también para el mejor cumplimiento de sus funciones. Las cámaras son un dispositivo de gran utilidad, probado en muchos países, pero las modestas finanzas de la Policía de Transito apenas permiten aspirar a dotar a cien oficiales de cámara en el curso de los próximos cuatro años.
Por razones legales y presupuestarias, el país tampoco ha logrado avanzar en materia de vigilancia electrónica. Después de varios intentos, el tedio parece haber vencido y ni siquiera hay avance en el diseño de un marco legal capaz de superar las objeciones hasta ahora planteadas por la Sala Constitucional.
La ley de tránsito comienza a rendir modestos frutos en cuanto a la posibilidad de reforzar a los oficiales de tránsito con miembros de la Policía Municipal y la Fuerza Pública, pero la oportunidad creada por la normativa no ha sido aprovechada con la celeridad necesaria. Mientras tanto, sigue siendo imposible frenar el aumento de muertes en carretera.
