EscucharEn Pérez Zeledón hay agua, pero la anticuada infraestructura del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) impide ofrecer conexiones a cualquier nueva edificación, salvo las viviendas. Centros comerciales, hoteles y otros locales se dejan de construir, quedan a medio camino o permanecen desocupados por falta de agua.
Guillermo Sánchez, director regional del Instituto, confiesa el colapso del sistema y la intención inicial de no proveer de agua siquiera a las nuevas viviendas. La decisión final de negar el suministro únicamente a las actividades productivas se adoptó por temor a lesionar el derecho a la salud. “No podemos negarles agua a las familias. Al comercio sí, ya que es para fines lucrativos”.
La prioridad otorgada a la vivienda es totalmente comprensible, pero la explicación no satisface en cuanto al dejo de menosprecio hacia las actividades productivas y la falta de sensibilidad frente a la importancia de las inversiones. La necesidad de asignar a la vivienda un recurso tan limitado por falta de planificación e inversión no tiene discusión, pero sí el menosprecio a los “fines lucrativos”.
Quizá por eso AyA autorizó la construcción de diez locales comerciales a la empresaria Yorleny Martínez para luego negarle la conexión de agua. El edificio está listo y los préstamos adquiridos para construirlo exigen atención, pero no hay ingresos para hacerles frente. Según la empresaria, nadie la advirtió del problema, y todos los trámites y visado de planos se cumplieron con normalidad.
Los fines de lucro nos mueven a todos, incluidos los funcionarios de AyA, que seguramente no prestarían sus servicios ad honórem. No hay en esos fines nada de pecaminoso mientras se canalicen por las vías de la corrección ética y el respeto a la ley. Por el contrario, la generación de riqueza y empleo es un empeño virtuoso, merecedor de estímulo por parte del Estado y sus instituciones.
Las familias de Pérez Zeledón, no importa cuán bien provistas de agua, necesitan fuentes de trabajo para hacer frente a las exigencias de la vida cotidiana, entre ellas el pago de los recibos del AyA. Diez locales comerciales en pleno funcionamiento representan decenas de empleos, hoy negados a la comunidad por una escasez diagnosticada desde el 2005. Ese año, un estudio contratado al efecto determinó la existencia de un déficit de 32 litros por segundo en el horario de mayor demanda, y en el 2008 el faltante había crecido a 80 litros por segundo.
El desarrollo de la pujante región ya ha sufrido daños irreparables. El alcalde Luis Mendieta lamenta la imposibilidad de construir una zona franca, planeada para satisfacer las necesidades de empleo de incontables familias. Héctor Fallas, presidente de la Cámara de Comercio local, dice que desde hace cinco años la industria del cantón está paralizada. Las gestiones de su organización, afirma el dirigente empresarial, no han tenido respuesta.
Las inversiones son impacientes. No esperan y toman otro rumbo cuando las posibilidades se cierran en determinada región o actividad. El problema de Pérez Zeledón es urgente, pero AyA no promete alivio hasta marzo del 2015, cuando entrará en funcionamiento una planta de purificación construida con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica.
La inversión de $8,3 millones ya posibilitó la sustitución de nueve kilómetros de tubería anticuada, y el Instituto está en la etapa de contratar la construcción de la planta en el sector de General Viejo, donde se abastecerá de las aguas del río Chirripó para producir 300 litros por segundo.
Mientras tanto, la zona soportará una limitación artificial a sus ímpetus de progreso, atizados, como en todas partes, por los fines de lucro de personas dispuestas a arriesgar su capital en actividades productivas, tan necesarias como el agua.
