EscucharEl exministro de la Presidencia Marco Vargas justificó su renuncia al cargo en un extenso y bien estructurado artículo publicado en esta sección, el domingo pasado. “Una renuncia necesaria”, tituló el exministro la historia de su fallida gestión durante el primer año de gobierno de la presidenta Laura Chinchilla. La renuncia, si bien puede ser entendida como necesaria en virtud del callejón sin salida en que se encontró el funcionario, difícilmente resolverá los problemas de fondo.
El ministerio de la Presidencia, según la definición ofrecida por Vargas y generalmente aceptada, tiene por objeto suministrar “el enlace del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y, por ende, la conducción de la estrategia legislativa” del Gobierno. Esa descripción del cargo lo condena inevitablemente a compartir las disfuncionalidades del Congreso.
Esta es la cuestión y cuesta trabajo imaginar, en las complejas circunstancias de la vida política nacional, una mejora sustancial a partir del relevo del funcionario de turno. Carlos Ricardo Benavides, nuevo ministro de la Presidencia, ya encara la ruptura del pacto de gobernabilidad firmado con los libertarios, la intención opositora de alzarse con el control del directorio legislativo y, por si fuera poco, las fisuras existentes en la fracción oficialista.
La gestión de Vargas, es cierto, tropezó en el punto de partida con el fracasado intento de reajustar los salarios de los diputados. La discusión concluyó, en sus propias palabras, con la apertura de “una seria herida en las relaciones entre la Asamblea Legislativa y la Casa Presidencial”. Pero hay razones más profundas y estructurales, también identificadas por el exministro, cuya presencia no guarda relación alguna con determinado traspié en concreto.
Entre las razones ofrecidas por Vargas, hay dos que compartimos: las debilidades del sistema de elección de diputados y los efectos perniciosos de un reglamento legislativo conducente al inmovilismo. Ninguno de los dos debe reformarse sin salvaguardar la protección a las minorías, pero ambos exigen ajustes para racionalizar la protección dispensada.
Obligado a votar por una lista partidaria, el elector costarricense ejerce una influencia limitada sobre la definitiva conformación del Congreso. La elección, en lo sustancial, se realiza en el seno de los partidos políticos y los votantes apenas pueden ratificar la escogencia y definir, colectivamente, la proporción en que aceptan cada una de las ofertas. En consecuencia, la conformación de la Asamblea Legislativa está predestinada a reflejar, en altísima proporción, los cacicazgos e intereses parroquiales y sectoriales, en detrimento de la mejor comprensión de los problemas nacionales.
Lejos de considerar una reforma ambiciosa, el país ni siquiera fue capaz de adoptar el voto preferente, que permitiría al elector, siempre en el marco del sistema de listas, influir sobre la escogencia de determinados candidatos. La iniciativa, propuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones, fue desechada pese a las simpatías manifiestas de una amplía mayoría de votantes. Una encuesta telefónica de La Nación el día de las últimas elecciones presidenciales, reveló que el 67% de los liberacionistas, el 84% de los simpatizantes de Acción Ciudadana y el 74,5% de los libertarios apoyan la medida. Por si hubiera duda sobre el posible impacto de la reforma, el 55% de quienes quebraron el voto no lo habrían hecho si hubieran tenido la oportunidad de escoger entre los candidatos incorporados a las listas.
Por su parte, el Reglamento interno de la Asamblea Legislativa “permite el secuestro cotidiano de la agenda por alguna fracción, un grupo de diputados e incluso por uno solo de ellos”, escribió el exministro Vargas para confirmar la persistencia de un problema de larga data.
La normativa, dice el exministro, se confabula con la eliminación de las partidas específicas, una medida sana y necesaria, para impulsar a muchos diputados a adoptar actitudes obstruccionistas mientras el Ejecutivo no complazca sus exigencias, frecuentemente irracionales.
Es la perfecta concurrencia de los intereses localistas privilegiados por el sistema electoral con un reglamento apto para potenciarlos. Aparte de las motivaciones políticas individuales, existen también los intereses políticos de corto plazo y el juego para la gradería, en favor de causas populistas.
La suma final es un inmovilismo cuya solución está más allá de los talentos de cualquier ministro de la Presidencia.
La diversidad y complejidad de la Costa Rica del siglo XXI no puede ser gobernada con un marco normativo apropiado, quizá, para otros tiempos.
