El Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla encara una prueba de fuego. En las circunstancias, es fácil confundirse, tomar represalias e intentar salir del hueco cavando hacia abajo. En los próximos días, el país podrá medir el temple de la gobernante y su administración según maneje el caso del exministro de Hacienda Fernando Herrero.
La tentación de desatar una cacería de brujas en el Ministerio es grande. El Gobierno podría suponer que la información publicada por este diario tiene su fuente entre los funcionarios del despacho. La Nación reveló cuestionamientos sobre la declaración de impuestos de la empresa Procesos Investigación y Asesoría CA, de la cual Herrero fue socio fundador. Según el exministro, su esposa, Flor Isabel Rodríguez, pasó a ser única accionista de la empresa cuando él le cedió su participación para aceptar un cargo en la administración del expresidente Óscar Arias.
Rodríguez fungió como asesora de la Casa Presidencial hasta el lunes 2 de abril, cuando dimitió junto con su esposo. Dos días antes, Herrero había recibido las preguntas de este diario sobre el caso, enviadas en cumplimiento del mandato ético periodístico de dar al afectado con la información la oportunidad de comentarla.
En la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al 2010, Procesos Investigación y Asesoría CA omitió informar a la Dirección General de Tributación Directa sobre ¢50 millones en ingresos, según se desprende de la confrontación de cheques y facturas en poder de La Nación con datos registrados en el Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIAT).
El caso reviste interés público no importa el ángulo desde el cual se mire. El esposo y fundador era ministro de Hacienda, encargado de aplicar las leyes tributarias y recolectar los impuestos. Participó activamente en la redacción de un plan fiscal destinado a elevar la carga tributaria y ya había sido cuestionado por la subvaloración de una casa alquilada al Estado. La esposa fungía como asesora de estrategia y comunicación en Casa Presidencial, desde donde se defiende la iniciativa tributaria y se cuida la imagen del Gobierno. La empresa, desde hace tiempo, es contratista de la administración pública y del Partido Liberación Nacional, donde también se manejan fondos públicos provenientes del pago de la deuda política.
En el país existe reserva para la información tributaria. Es una buena política, pero es necesario preguntarse si cobija, también, la anomalía. En el caso del secreto bancario, por ejemplo, la Sala Constitucional creó una excepción para permitir el acceso a las cuentas por donde hubieran transitado donaciones destinadas al financiamiento político. El interés del público en el financiamiento de la campaña del expresidente Abel Pacheco y las donaciones irregulares que engrosaron las arcas de ese esfuerzo electoral motivaron la resolución de los magistrados.
Si al Gobierno de la presidenta Chinchilla se le confunden los papeles y, en lugar de aprovechar el traspié para fortalecer su compromiso con la ética, desata una cacería de brujas, podría terminar estableciendo un precedente semejante, para no mencionar el daño irreparable a su imagen, producto del intento de silenciar y reprimir a quien hubiera tenido la valentía de revelar una verdad necesaria.
En cualquier circunstancia, actúe el Gobierno con prudencia o se deslice por el peligroso camino de la represalia, la Asamblea Legislativa debería aprovechar el incidente para imitar al amplio número de democracias donde la ley protege al funcionario público capaz de “sonar el silbato” para llamar la atención sobre una irregularidad (whistle blowers, según el término acuñado en los Estados Unidos).
Los ejemplos abundan y, si los diputados quisieran restaurar, aunque fuera parcialmente, la confianza de la ciudadanía en los procesos políticos y las instituciones democráticas, no dudarían en emprender la reforma necesaria. Sería un ejercicio de coherencia y reconciliación entre la práctica y el discurso de transparencia tan difundido en estos tiempos.
Si el Gobierno se sumara a la iniciativa, forjaría un legado de valor inestimable.