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Los Centros de Educación y Nutrición y los Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinái) no atendieron a unos 20.000 menores de 13 años en condición de pobreza, pobreza extrema o riesgo social entre los años 2021 y 2023, dice una auditoría de la Contraloría General de la República.
La exclusión es vergonzosa. Los programas criticados procuran resolver necesidades básicas de los más necesitados entre los necesitados. Son niños cuyo infortunio obedece, exclusivamente, a haber nacido en hogares pobres. En algunos casos, la asistencia se extiende a madres en período de lactancia para garantizar su alimentación y proteger el amamantamiento.
El hambre de ningún ser humano puede sernos indiferente, pero la de la niñez costarricense es motivo de especial dolor y vergüenza, pues la responsabilidad recae directamente sobre todos nosotros, sus conciudadanos. Por eso, damos el paso al frente, como sociedad, con el establecimiento y desarrollo de programas asistenciales, y debemos velar por su buen desempeño.
Según el estudio, la población atendida por los CEN-Cinái se redujo en un 37 % durante el período analizado. La cantidad de menores que recibían atención y cuidado disminuyó de 34.379 en el 2021 a 25.524 en el 2023. Los beneficiarios del servicio de comidas pasaron de 19.236 a 8.105 en el mismo plazo.
La tendencia comenzó a manifestarse en el 2022 y persistió el año siguiente. Ahora, la población atendida por los CEN-Cinái no alcanza el número de beneficiados antes de la pandemia de covid-19. No hay mejor forma de señalar la alarmante involución de los programas, cuyos efectos se hacen sentir en 78 cantones.
La Gran Área Metropolitana (GAM) se cuenta entre las regiones afectadas, pero, cuando se observan los números con detenimiento, una vez más se manifiestan diferencias entre la zona central y el resto del país. En el cantón Central de Cartago, los receptores disminuyeron en 844 (un 27 %) y en Desamparados la caída fue de un 48 %, es decir, 648 niños menos. Los 557 habitantes no atendidos en el cantón Central de Alajuela significan una caída del 32 %.
Pero en el cantón Central de Puntarenas, con una reducción del 46 %, perdieron la atención 1.325 niños, más del doble de los no atendidos en Alajuela y Desamparados, y un número significativamente mayor que el de Cartago. En Pococí, la reducción fue del 60 %, lo cual equivale a 1.184 niños menos. En estos dos cantones, como en otros de regiones periféricas, el narcotráfico recluta a jóvenes con edades apenas superiores al límite establecido para ser beneficiario de los programas de alimentación.
Lo más alarmante del informe son las razones del mal desempeño. Después del 2021, dice la auditoría, la dirección de los CEN-Cinái dejó de contar con instrumentos de planificación para articular la gestión y los procesos institucionales. Tampoco hay criterios claros para planificar la cobertura de los servicios. El 52 % de las oficinas locales consultadas dijeron carecer de un proceso definido para la planificación.
La apertura de nuevos centros se hace año tras año, sin previsión plurianual. Esa falta de visión a largo plazo limita el desarrollo de los servicios. Para el 2025, se tiene previsto abrir 12 centros, 10 de los cuales no son nuevos, sino reapertura de locales con órdenes sanitarias u otras deficiencias.
La negación del servicio a 20.000 niños es indignante, pero saber que se debe a deficiencias de manejo burocrático es alcanzar el colmo. Si la afectación de los CEN-Cinái se suma al retroceso de otros programas sociales, como las becas estudiantiles y las deficiencias del sistema educativo, poco podemos esperar de una juventud tan injustamente marginada.
