Editorial: Una ministra desconectada de la realidad

Los femicidios son solo la punta del iceberg de la violencia que padecen las mujeres. Menos visibles son las 32.000 denuncias anuales por delitos sexuales y violencia. Si se incluye la violencia doméstica, la cifra supera las 77.000 causas por año. El problema es masivo y probablemente esté subestimado, lo cual es aún más preocupante, pues muchas víctimas no denuncian por miedo, dependencia económica o estigmatización.

Los dramáticos datos obligan a políticas públicas con resultados tangibles. En ese sentido, Quesada queda en deuda. Entre los principales logros que destaca está la “Ruta de Género”, anunciada en octubre del 2022, que consiste en la creación de Puntos Violeta, espacios donde las mujeres pueden solicitar orientación en casos de violencia o acoso sexual callejero.

Los resultados no son los esperados, como determinó una auditoría interna del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el 25 de abril. El informe advierte de que nunca se establecieron con claridad los criterios técnicos y estratégicos para definir la cantidad, ubicación y condiciones mínimas de los 31 Puntos Violeta. La mayoría atendió menos de 100 casos en 15 meses y, en ocho de ellos, ni siquiera se registró una atención mensual. En sitios como Talamanca y San Carlos, apenas se realizó una intervención en más de un año, y en Hatillo, dos. Estos datos reflejan un proyecto sin impacto real, pese a una inversión cercana a los ¢500 millones.

Desde el 25 de febrero, por 31 votos contra 16, los diputados aprobaron la moción para exigir la renuncia de Quesada “por su inacción y mala gestión en medio del aumento de la violencia hacia las mujeres”. Incluso, el texto de la moción señala: “Lejos de fortalecer las políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres, las ha debilitado y desfinanciado, gastando millones de colones en verdaderas ocurrencias (Puntos Violeta-Espacios Seguros) que no han significado ningún apoyo real para las mujeres”.

Además de solicitar la dimisión, exigieron declarar emergencia nacional por el incremento de los femicidios, que en ese momento sumaban nueve, con el objetivo de movilizar recursos económicos hacia la prevención y contención del delito. La respuesta de la ministra fue tajante: aseguró que es imposible, pues, según su interpretación, la emergencia nacional solo puede declararse ante catástrofes naturales o situaciones de grave conmoción interna. A su juicio, la violencia de género “es una situación prevenible y conocida”, y existen recursos disponibles. Si es conocida, prevenible y hay recursos, ¿por qué no hay resultados?

Esto no es una suposición. Las cifras lo confirman. En los cuatro años del gobierno anterior se registraron 94 femicidios y, como decíamos antes, en solo tres años de esta administración ya van 102. Además, una encuesta del CIEP-UCR, publicada en setiembre pasado, reveló que el 90% de los costarricenses perciben un aumento en la violencia contra las mujeres en comparación con años anteriores, y un 62% responsabiliza al gobierno del incremento de los femicidios, precisamente por la falta de acciones efectivas.

La ola de femicidios, el clamor ciudadano y el rechazo creciente desde la Asamblea Legislativa deberían bastar para que el gobierno y la ministra comprendan que este no es momento para el autoelogio, sino para la rectificación. A nueve meses del fin de la Administración, la lucha contra la violencia hacia las mujeres requiere estrategias serias, respuestas inmediatas y menos discursos.