Pasado mañana se iniciará el cuarto período de sesiones de la Asamblea Legislativa que tomó posesión hace tres años. Según el mandato constitucional, un directorio provisional coordinará el primer acto de esta legislatura: la elección del permanente, constituido por tres miembros titulares –en la presidencia y dos secretarías– con tres sustitutos en los respectivos cargos. Serán estas personas las encargadas de conducir los trabajos del primer poder de la República, en un momento particularmente importante; también, delicado.
Las tareas siempre trascendentales del Congreso –legislar, ejercer control político y realizar nombramientos de su competencia– deberán emprenderse durante los próximos meses en complejas circunstancias. Al entrar en un año electoral, es inevitable que las pugnas entre los representantes de distintas divisas políticas se acentúen como parte de la competencia que culminará con los comicios del 1.° de febrero próximo. Esto, sin embargo, es parte de un ritual democrático necesario y ya conocido, que no tiene por qué entorpecer en exceso las tareas.
Lo más complejo tendrá que ver, sobre todo, con la interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo, y se refiere a tres aspectos esenciales. El primero es la creciente hostilidad, combinada con ataques infundados e intentos inaceptables de generar desprestigio, por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, contra la Asamblea y, en particular, su cabeza actual, Rodrigo Arias, fuerte candidato para repetir en el cargo. Esta actitud unilateral y corrosiva, a la que se han sumado algunos diputados oficialistas, prácticamente ha roto las posibilidades de negociación entre ambos poderes, esencial en democracia.
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El otro aspecto es la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia considere con suficiente fundamento la reciente acusación de la Fiscalía General contra Chaves, y ponga en manos de los diputados la posibilidad de levantarle el fuero de protección que lo ampara y la decisión de llevarlo a juicio. La acusación se refiere a su presunta interferencia indebida en el contrato de una empresa de comunicación, para beneficiar a un estrecho colaborador. Sería la primera vez desde la vigencia de nuestra Constitución que la Asamblea deba decidir al respecto. Un proceso de retiro de inmunidad contra el expresidente Carlos Alvarado, por un presunto abuso de poder, se inició, pero no concretó, porque dos meses después dejó el cargo y perdió el fuero especial que ampara a los miembros de los Supremos Poderes.
El impacto y las implicaciones políticas, legales y constitucionales de este caso son enormes, sobre todo de cara a otras denuncias que tramita la Fiscalía contra Chaves, y su campaña de desprestigio contra este órgano y el Poder Judicial en general. Cualquier ciudadano responsable sabe y valora que en una democracia amparada al Estado de derecho, nadie está por encima de la ley, y que deben respetarse los procedimientos que existen para aplicarla. Esto, sin embargo, es algo que el presidente desdeña, con inquietantes connotaciones e inconfesables propósitos.
A los dos elementos anteriores debemos añadir lo podría ser un simple globo de ensayo o un intento más por generar distracción, pero que no puede ser pasado por alto: la especulación, planteada por Chaves en enero, de renunciar a la Presidencia antes del 31 de julio, para poder optar por una diputación. Sus complicaciones legales y la carencia, hasta ahora, de una plataforma partidista que lo represente, lo hacen improbable pero no imposible.
En un entorno tan complicado, los diputados –en particular quien llegue a presidir la Asamblea– tendrán ante sí una doble responsabilidad: primero, controlar los ataques y posibles daños a la institucionalidad, y en particular al Poder Legislativo, que intente acentuar el presidente; segundo, seguir cumpliendo a cabalidad con sus funciones esenciales como representantes del soberano.
Ya han demostrado la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, la legislatura entre mayo de 2024 y abril del presente año agilizó los trámites y logró aprobar un 25% más de leyes en comparación con la anterior. En seguridad, pese a que, tras un período de interlocución, Chaves decidió romper la coordinación de su gobierno con los diputados, desde el 1.° de mayo de 2022 hasta febrero pasado, se convirtieron en ley 30 iniciativas en la materia. Algunas son de particular trascendencia, entre ellas, siete de diez proyectos acordados en una mesa tripartita (de los tres poderes) que dejó de funcionar como tal por la ausencia de los representantes gubernamentales.
Para gobernar en serio, el Ejecutivo necesita más del Legislativo que a la inversa. Sin embargo, el país los necesita a ambos. Lo ideal sería que Chaves cambie su actitud y actúe con la responsabilidad a la que ha renunciado. Sin embargo, ante la enorme improbabilidad de que así ocurra, los diputados deberán acrecentar sus aportes a la legislación, el buen control político y la defensa de las instituciones democráticas.
