El presidente de la Asamblea Legislativa que será electo el próximo 1.° de mayo podría enfrentarse a retos inéditos durante su gestión: conducir el trámite en el plenario de una posible renuncia del mandatario Rodrigo Chaves para buscar un diputación o de una eventual solicitud de la Corte para levantarle la inmunidad al gobernante, como parte de una acusación de la Fiscalía General por el supuesto delito de concusión.
Paralelamente, quien resulte designado deberá conducir el debate legislativo en medio de un año electoral y con enfrentamientos con el Ejecutivo que se arrastran en los últimos periodos. Entre otros, su gran desafió será orientar el alto volumen de aprobaciones de proyectos que registran, y que estas tengan mayor trascendencia nacional.
Por este contexto, jefes de fracción consultados por La Nación consideraron que este año será de “uno de los más difíciles” y representará “grandes retos” para el jerarca del Congreso, pues necesitará facilitar consensos entre las partes para avanzar con los proyectos pendientes.
Analistas consultados señalaron que los proyectos que podrían ser más importantes en este periodo tienen que ver con reformas electorales, jornadas excepcionales (4-3), reformas judiciales sobre seguridad, apertura del mercado eléctrico o la venta del Banco de Costa Rica (BCR).
Hasta el momento, existen tres aspirantes a la silla principal de la Asamblea Legislativa: el actual presidente, Rodrigo Arias Sánchez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Rosalía Brown, del Partido Nueva República (PNR); y Manuel Morales, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quien contaría con el respaldo de Rodrigo Chaves.
El jueves pasado, Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), desistió de seguir en la pelea porque su bancada le dio la espalda, para negociar con Rodrigo Arias dos puestos en el Directorio.
Renuncia de Chaves sería inédita
En enero pasado, el mandatario Rodrigo Chaves puso sobre el tapete la posibilidad de una renuncia a la Presidencia para optar por una diputación en el 2026.
“Que puedo renunciar para correr como diputado, puedo… que puedo, en el eventual e hipotético caso de haber renunciado para ser diputado y de haber sido electo por el pueblo como diputado, que puedo presidir el Congreso, puedo”, manifestó en aquella ocasión. Y agregó: “No estoy diciendo que lo vaya a hacer o no, pero matemos los mitos, las posibilidades existen, las opciones existen: uno las analiza y toma la decisión”.
Si el presidente Chaves renuncia al cargo sería un caso inédito, de acuerdo con el politólogo e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), Ronald Alfaro. Sobre este tema, algunos expertos han argumentado que la renuncia está prevista en el artículo 121 inciso 8 de la Constitución Política, el cual refiere que a la Asamblea “le corresponde conocer de la renuncia de los miembros de los supremos poderes”.
Alonso López, director de Derecho Constitucional de Ecija Legal Costa Rica, explicó a La Nación que para la Asamblea “conocer no significa simplemente informar o leer la renuncia en el plenario, sino que implica tomar una decisión formal al respecto, autorizándola o no”.
López añadió que esto conlleva para el presidente de la República “la carga de justificar su renuncia y para la Asamblea el deber de fundamentar objetivamente su decisión”. Si el Congreso no autoriza la renuncia, el mandatario podría acudir ante la Sala Constitucional, apuntó el experto.
Retiro de inmunidad también sería histórico
El otro tema candente con que tendrá que lidiar el futuro presidente legislativo es el eventual trámite para levantarle la inmunidad a Chaves.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia analiza la acusación planteada por el fiscal general, Carlo Díaz, contra el mandatario por el presunto delito que habría cometido en la contratación de una empresa de comunicación con $405.800 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En caso de que los magistrados consideren que la acusación tiene suficiente sustento legal, deberán solicitar a la Asamblea Legislativa que se levante del fuero de protección que tiene el gobernante en virtud de su cargo, para que pueda ser llevado a juicio.
Si se aprueba el levantamiento de la inmunidad a Chaves –él no puede renunciar a ella–, sería la primera vez que esto sucedería en Costa Rica.
Al anterior gobernante, Carlos Alvarado Quesada, se le inició un proceso de retiro de inmunidad por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), pero el trámite no se concretó porque culminó el mandato. La causa judicial siguió su curso por la vía convencional, dado que Alvarado regresó a su condición de ciudadano ordinario.
La politóloga Kattia Benavides considera que el tema del levantamiento de la inmunidad sería muy relevante para el presidente del Directorio. “Hay que entender que eso pasa por un análisis del Poder Judicial y luego a la Asamblea Legislativa y a votación del plenario”, explicó.
“Este levantamiento de la inmunidad puede que sea entre los meses de setiembre y octubre, cuando se tenga esta discusión”, estima.
A Chaves le conviene la reelección de Arias
Aunque el mandatario ha dicho que “no hay nadie peor” entre los 57 diputados que Rodrigo Arias, para presidir la Asamblea Legislativa, el politólogo Daniel Calvo considera que al inquilino de Zapote “le convendría” la reelección del verdiblanco para mantener su narrativa en contra de ese poder del Estado.
“Que Arias continúe en la presidencia del Congreso alimenta la narrativa de que por más que el oficialismo intente avanzar no es posible, y que para ello necesitarán 40 diputados en la próxima Asamblea Legislativa”, señala Calvo.
Por esa razón, espera que la conflictividad entre el Ejecutivo y el Congreso se mantenga en el próximo periodo legislativo.
“Esto el oficialismo lo puede aprovechar electoralmente… por eso, no comprendo por qué Liberación tiene interés en continuar con el control de la Asamblea Legislativa. Sería más sencillo para ellos que el Ejecutivo asuma, y forzarlos a mostrar su hoja de ruta y que después se le pueda juzgar por ella”, asevera.
El pasado miércoles 23 de abril, Chaves dijo que apoyó varias veces a Arias, “pero el hombre se fue en mentiras, humo, promesas quebradas, tierra infértil”.
La politóloga Kattia Benavides recordó que el gobernante aseguró que, de permanecer Arias al frente del Congreso, seguirá sin nombrar ministro de la Presidencia, “una figura relevante que coordina entre los dos poderes de la República, y esto genera un vacío importante”.
El investigador Ronald Alfaro sostiene que este nuevo periodo es aún más complejo porque es año electoral y el último de este gobierno.
“Naturalmente esto impacta en la Asamblea Legislativa, porque de aquí saldrán candidaturas. Entonces, van a querer (los legisladores) apartarse de proyectos, o por el contrario, ser los artífices de ciertos acuerdos; desmarcarse de algunos; no estar ligados con el oficialismo. Eso genera una enorme turbulencia”, afirma.
De modo que quien presida el Congreso “debe ser muy equilibrado para encontrar puntos en común”, según Alfaro. “Es un año en el muchos de estos diputados van de salida y muchos de ellos no van a regresar al Congreso. Por eso quieren impulsar lo más que puedan sus proyectos y aprobarlos”.
Año productivo en aprobación de leyes
A diferencia de lo que se piensa, este último año legislativo suele ser productivo en cuanto a la cantidad de proyectos aprobados, sin que esto quiera decir que tengan mucha trascendencia.
En promedio, los proyectos de ley tardan más de 400 días en trámite. En la legislatura comprendida entre mayo del 2023 y abril del 2024 se aprobaron un total de 120 leyes: un aumento de 22 expedientes con respecto a la legislatura anterior, según el Informe Estado de la Nación.
De estas leyes aprobadas, 59 son sustantivas y 61 son menos relevantes. “Se trata de la cuarta legislatura con más leyes sustantivas aprobadas desde el cuatrienio 1986-1990”, según este informe. Además, destaca la disminución del promedio de días de duración en el trámite de una ley (441 días), un 25% más rápido que el promedio histórico de 580 días.
Estos resultados son positivos, pero insuficientes para valorar el trabajo de la Asamblea Legislativa para formar leyes que impulsen el desarrollo del país.
El punto de partida debería ser los temas que abordan. Por ejemplo, de las 59 leyes aprobadas, 16 se refieren a temas económicos; 13 a temas municipales y 8 a asuntos judiciales. No se aprobaron temas de agro ni vivienda, y en el ámbito educativo solamente se avaló una ley.
El investigador Ronald Alfaro dijo que en medio de la actual situación política desafiante el reto será “cómo reconducir las relaciones para que el sistema político pueda procesar las demandas de las ciudadanía”.
Controles políticos ‘rudos y descarnados’
La jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, cree que el próximo año legislativo será el “más difícil de todos” para sacar adelante proyectos relevantes para el país. Prevé que en este nuevo periodo los controles políticos serán sumamente “rudos y descarnados” en contra del gobierno.
“Sin Rodrigo Arias como presidente, por lo menos podríamos sacar algunos proyectos en el que hay cierto consenso entre todas las fracciones: seguridad, apoyos presupuestario, jornadas (4-3), Crucitas, rellenos sanitarios. Entonces, algo se podría hacer”, añade
Por su parte, Óscar Izquierdo, jefe de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), señala que este nuevo año legislativo representa grandes retos para la presidencia legislativa y la Asamblea. “Se requiere de mucha sabiduría, serenidad y valentía para tomar las decisiones que se tengan que tomar”, asegura.
En tanto, María Marta Carballo, vocera del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), apuntó que el Ejecutivo debe entender que no es con la crítica constante “y el incendio que se puede construir”.
Carballo dijo que en los temas por avanzar se encuentra la seguridad, jornadas 4/3 y armonización del sistema eléctrico. Particularmente, ella dice estar liderando proyectos para bajar el precio de los medicamentos y disminuir las listas de espera.