La Asamblea ha aprobado varios proyectos de ley esenciales para afrontar la crisis de inseguridad. Ha existido no solo compromiso, sino también liderazgo legislativo en seguridad, el que se ha reflejado en un conjunto de leyes necesarias para ampliar y mejorar el repertorio de herramientas contra la delincuencia
Seguridad Costa Rica y Rodrigo Arias Canva/La Nación
La renuncia del presidente Rodrigo Chaves a asumir a plenitud sus responsabilidades en seguridad ciudadana es, por decir lo menos, decepcionante. Su negativa a ser parte activa en la coordinación de los tres poderes de la República para afrontar integralmente ese alarmante desafío nacional, debilita la capacidad del Estado –y la sociedad como un todo— para combatir la delincuencia. A ello nos referimos en nuestro editorial del domingo 16. Tan deleznable actitud contrasta con el liderazgo desplegado en la materia por la Asamblea Legislativa.
Jamás podrán los diputados llenar los vacíos del Ejecutivo, porque a este corresponden mandatos insustituibles de prevención, vigilancia y acción, mediante la Fuerza Pública y otras instancias bajo su control. Pero sí pueden ser, y han sido, determinantes para impulsar una serie de proyectos de ley que mejoran las capacidades de las autoridades de policía (tanto represiva como de investigación), la Fiscalía y los tribunales para actuar frente a los delincuentes. También han sido esenciales para dotarlos de mejores, aunque siempre insuficientes, recursos.
Los presidentes de los tres poderes se reunieron por primera vez el 16 de marzo de 2023, en la Corte Suprema de Justicia, gracias a una invitación del jerarca legislativo, Rodrigo Arias. Allí se acordó la formación de una mesa tripartita para impulsar proyectos prioritarios. Su encuentro inicial fue el 20 de marzo; su primer fruto, acordar la vía rápida a una reforma a la Ley sobre el Crimen Organizado, para crear una jurisdicción especializada en la materia, que entró en vigencia tras la aprobación en segundo debate, el 29 de mayo siguiente.
Muy pronto, sin embargo, la colaboración del Ejecutivo comenzó a flaquear, y dio paso, más bien, a recriminaciones, desdén, ataques infundados y hasta insultos contra los poderes Legislativo y Judicial, incluyendo la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial. En una clara muestra de madurez, las autoridades legislativas y una mayoría de diputados decidió seguir adelante, continuar los esfuerzos –cada vez menos exitosos— de coordinación con el Ejecutivo, y avanzar en la aprobación de otras importantes iniciativas.
Por ejemplo, según un listado dado a conocer recientemente por la oficina de Arias, de los diez proyectos acordados en la mesa tripartita, siete ya son ley, dos están en trámite y uno se descartó por roces de constitucionalidad. Según documenta ese recuento, desde el 1.° de mayo de 2022 se han convertido en ley 30 iniciativas relacionadas con seguridad. Entre ellas están, además de la ya mencionada, la creación del Centro de Capacitación del OIJ; el fortalecimiento de los tribunales de flagrancia, para hacerlos más eficientes; la modernización de las intervenciones de comunicaciones, que introduce nuevas causales; el incremento en las fuentes de recursos del Instituto Costarricense contra las Drogas, para fortalecer su lucha contra el narcotráfico, y la agravación de las penas de los autores, instigadores o cómplices del uso de menores en la comisión de delitos.
Basta lo anterior para reflejar que ha existido no solo compromiso, sino también liderazgo legislativo en seguridad, el que se ha reflejado en un conjunto de leyes necesarias para ampliar y mejorar el repertorio de herramientas contra la delincuencia. Si, a pesar de esto, la criminalidad sigue en niveles nunca antes experimentados –sin duda, en circunstancias más complejas– quiere decir que la responsabilidad no es de la Asamblea Legislativa, que ha sido diligente en actualizar la legislación. La responsabilidad recae, primordialmente, en el Ejecutivo.
La actitud del presidente Chaves, sin embargo, es la misma que comenzó a desplegar desde que asumió su cargo: culpar a otros de problemas propios o compartidos y que, por ello, requieren coordinación. Pero ha ido más allá, para llenar de improperios e intentar ridiculizar las iniciativas emanadas de la Asamblea Legislativa. En este contexto se inscribe su vitriólico rechazo a participar en un nuevo encuentro convocado por Arias para abordar la crisis de inseguridad; incluso, prohibió la asistencia de sus ministros, que en general han sido más abiertos al diálogo.
Por ese rechazo, reunión, prevista para el próximo miércoles, no contará con un elenco importante de funcionarios. Sin embargo, lejos de conducir a la parálisis, debe servir de acicate para que los diputados sigan avanzando, con rapidez, pero también prudencia, sentido estratégico y apego a la Constitución, en mejorar la legislación sobre seguridad. Todavía falta, pero gracias a lo aprobado hasta ahora, las autoridades que están en la primera línea de lucha contra la delincuencia tendrán más músculo para enfrentarla. Es algo que los ciudadanos debemos reconocer.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Rodrigo Arias, jerarca legislativo, y el mandatario Rodrigo Chaves, durante una reunión sobre seguridad en agosto de 2024.
